El consenso “Nunca Más” se sostiene con justicia y trasciende las identidades políticas

Cada 24 de marzo aparece, desde hace un poco más de treinta años y al menos para quienes repudiamos el terror de Estado ejercido por la última dictadura, como la ocasión para rememorar el dolor del pasado reciente y para pronunciarnos sobre el modo en el cual el gobierno ejecuta políticas de memoria y justicia sobre el legado de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En 2006 el gobierno de Néstor  Kirchner sancionó una ley que declaraba feriado nacional el “Día de la memoria por la verdad y la justicia”. Esto se insertaba en un programa mucho más amplio que incluía la reapertura de los juicios penales a los represores y la recuperación de los ex centros clandestinos de detención para ser transformados en sitios de memoria, entre muchas otras medidas. A lo largo de los años kirchneristas, las movilizaciones del 24 de marzo funcionaron como un momento de repudio al horror dictatorial, pero al mismo tiempo como una celebración por el rumbo que el gobierno había tomado en relación con los modos de juzgar y recordar el pasado. Evidentemente, esto no ocurrió de forma homogénea. Varios organismos de derechos humanos que apoyaban la política de justicia señalaban al mismo tiempo muchas de sus limitaciones: desde la revictimización de los testigos, hasta las excesivas demoras del proceso judicial que tenían por efecto la muerte de muchos culpables sin condena. Los sectores de izquierda, por su parte, se encargaron de señalar las contradicciones en la condena del pasado reciente, siendo la más destacada el nombramiento de César Milani, sospechado de cometer crimines de lesa humanidad, como jefe del Ejército. Ahora bien, más allá de estas diferencias, las movilizaciones del 24 de marzo a lo largo de esos años acogieron un consenso: una vez reabiertos los juicios estos debían sostenerse y profundizarse; los tiempos de la justicia debían agilizarse para sentenciar a todos los imputados y los círculos de responsabilidad debían ampliarse incluyendo a los civiles.

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En 2016 se cumplió el cuatrigésimo aniversario del golpe de Estado.  Esta vez, la rememoración tuvo lugar bajo un gobierno cuyos funcionarios vinculados al área ministerial de los derechos humanos admitieron desde el inicio que las violaciones a los derechos humanos acontecidas en el pasado reciente no constituirían el centro de su agenda política. Pero además de perder el lugar privilegiado que habían tenido poco tiempo atrás, los programas de memoria y los archivos vinculados con la historia reciente fueron alcanzados por los despidos y recortes presupuestarios realizados en diversas dependencias estatales. Además, varias voces de funcionarios, entre las cuales se destacaron en los inicios de 2017 las de Lopérfido y Gómez Centurión, realizaron alocuciones que restauraban el relato castrense sobre la dictadura y horadaban la construcción discursiva que se centraba en el carácter criminal de la última dictadura y sostenía la política de juzgamiento penal. Desde el progresismo, estas acciones fueron rotuladas como “negacionismo” y se declaró un estado de alerta ante la posibilidad de que se tradujeran en un retroceso en el plano judicial.

Más allá de estas diferencias, las movilizaciones del 24 de marzo a lo largo de esos años acogieron un consenso: una vez reabiertos los juicios estos debían sostenerse y profundizarse; los tiempos de la justicia debían agilizarse para sentenciar a todos los imputados y los círculos de responsabilidad debían ampliarse incluyendo a los civiles.

En este marco, dos sucesos amenazaron con modificar el régimen de castigo para los criminales de lesa humanidad. En mayo de 2017 la Corte Suprema pronunció el fallo “2×1” que, apelando al principio de aplicación de la ley penal más benigna y considerando que algunos represores estaban privados de libertad bajo la modalidad de prisión preventiva, buscó beneficiar al imputado Muiña reduciendo el monto de sus condenas. Sin embargo, una masiva y multitudinaria movilización ciudadana repudió la decisión judicial y se conjugó con un pronunciamiento del poder Legislativo en el mismo sentido. De este modo, los efectos del fallo no tuvieron el alcance devastador que se temía.

Este año el problema parece concentrarse en el cuál debe ser el espacio en los que los represores deben cumplir su condena. Los pedidos de prisión domiciliaria por parte de los abogados defensores se remontan al inicio mismo de los juicios, pero esta cuestión pareció adquirir un nuevo cariz cuando el Servicio Penitenciario Federal consideró el arresto domiciliario como solución al problema del hacinamiento de los reclusos e incluyó a condenados por lesa humanidad entre los posibles beneficiarios. Ahora bien, de acuerdo con los datos publicados por la Procuraduría de Crímenes de Lesa humanidad del Ministerio Público Fiscal correspondientes al 15 de marzo de este año, del total de 1034 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 549 se encuentran bajo la modalidad domiciliaria. Si bien carecemos de datos que nos permitan precisar cuándo se efectivizaron esas detenciones, parece altamente probable que se trate de una práctica bastante arraigada y anterior al gobierno de cambiemos.

2x1

Algunos análisis sobre el relato del pasado reciente construido por el kirchnerismo destacan su función en la construcción de su identidad política. En este sentido, resulta difícil negar que las actividades vinculadas con el 24 de marzo constituyen espacios que habilitan la afirmación de esa identidad en particular y la vinculada con un ideario progresista, en general. Sin embargo, es muy problemático afirmar que los reclamos de memoria y justicia se hayan reducido a un patrimonio del kirchnerismo o una mera marca de oposición al gobierno actual: dos acontecimientos pueden interpretarse como signo de ello. El año pasado, la marcha contra el fallo 2×1 mencionada más arriba estuvo mucho más vinculada con la simbología de los organismos de derechos humanos y sus reclamos históricos que con la iconografía del gobierno anterior. En la tarde de ayer Estela de Carlotto y María Eugenia Vidal inauguraron juntas un espacio de memoria en la comisaría quinta de la ciudad de La Plata que había funcionado como centro clandestino de detención. A pesar de la visible distancia entre ambas y más allá de cuáles hayan sido las motivaciones de cada una para participar de ese proyecto, la puesta en escena de la inauguración dio a ver que el deber de memoria trascendió las identificaciones partidarias.

Es muy problemático afirmar que los reclamos de memoria y justicia se hayan reducido a un patrimonio del kirchnerismo o una mera marca de oposición al gobierno actual

El 24 de marzo puede pensarse entonces como el momento en el cual la comunidad política ubica a los agentes estatales que de manera masiva y sistemática violaron los derechos humanos durante la última dictadura en el lugar del mal y de aquello que no debe repetirse. Es también el momento en el cual exige que ese repudio sea garantizado a través de juicios penales que, al respetar el debido proceso, sean propios del Estado de Derecho.