Consultar para restaurar

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Lenin Moreno asumió el gobierno de la República del Ecuador después de una reñida contienda electoral, representando la continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana, signada por la redistribución de la riqueza, la creación de nueva institucionalidad participativa, la inserción internacional en clave latinoamericana, entre otros importantes ejes. No obstante lo cual, no pasó mucho hasta que el nuevo presidente se enfrentara políticamente con su antecesor. Habiendo sido vicepresidente de Rafal Correa, Moreno no dudó en tomar cada vez más distancia del líder de la Revolución y terminar rompiendo definitivamente todo lazo.

Lo anterior culminó cristalizando con el llamado a Consulta Popular, el pasado octubre de 2017, para que la ciudadanía ecuatoriana se expresara sobre un conjunto de siete preguntas. Y si bien podríamos inferir que se trata de una apuesta tendiente a fortalecer el debate público, la participación y el involucramiento de las grandes mayorías con el destino del país, una lectura más atenta de este funciona como la gran apuesta por el quiebre definitivo del proceso correista. Veamos.

El gobierno de Moreno, luego de unas elecciones presidenciales en las que la derecha, encabezada por Lasso, enardeció las calles argumentando la existencia de un fraude, se percibió a sí mismo como un gobierno débil. En este sentido, la búsqueda de nuevas bases de sustentación era clave para el nuevo mandatario. Más aún en un país como el Ecuador, en el que el pueblo siempre se enorgulleció por su capacidad de “botar presidentes”. La excepción a esto fue Correa.

“Y si bien podríamos inferir que se trata de una apuesta tendiente a fortalecer el debate público, la participación y el involucramiento de las grandes mayorías con el destino del país, una lectura más atenta de este funciona como la gran apuesta por el quiebre definitivo del proceso correista”

Conjugando aquello con el repliegue hegemónico de Alianza País (AP) y el avance de la derecha, el morenismo buscaría nuevos actores a partir de los cuales acrecentar su base de legitimidad. Pero el camino que estaba disponible era, fundamentalmente y a pesar de contar con el apoyo de los sectores considerados a la izquierda del correísmo, por arriba y por derecha, dando vía a un relegitimado poder de las élites. En este sentido, no es menor que el contenido de las siente preguntas refieran, fundamentalmente, a cuestiones de amplia y profunda conflictividad social no tomadas como válidas por el ex presidente.

Teniendo como siempre, la disputa de poder por delante y la formalidad jurídica al margen, mediante oficio, Moreno remitió a la Corte Constitucional el pliego de las siete preguntas para que, como establece la Carta Magna, se realice el control de constitucionalidad. La Corte debería vigilar forma y contenido. No obstante, antes de que el Tribunal se pronuncie, Moreno emitió los Decretos convocando a elecciones. El motivo: el hecho de que se filtrara que al menos dos preguntas serían declaradas inconstitucionales, básicamente la dos y la tres, la cuáles están en el centro de la disputa fundamental detrás de la Consulta.

Ahora bien, aunque se llame constantemente a la elección que habrá este 4 de febrero como una “Consulta”, en términos estrictos se trata de un Referéndum y una Consulta Popular. Esto es así ya que de las siete preguntas, las primeras 5 implican una modificación de la Constitución, mientras que las últimas traen consigo cambios legales. Y si bien la mayoría de las cuestiones que están bajo votación pueden cambiarse mediante la implementación de políticas públicas, la reforma de las leyes en la Asamblea o la firma de Decretos presidenciales específicos, esta estrategia política tiene por objetivo justificar en las urnas el giro programático del presidente que, hace pocos meses, defendía los pilares principales del Movimiento Alianza País.

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Así es como se incluyen temas frente a los cuales nadie votaría por la negativa (como estar de acuerdo con la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes) y se agregan preguntas que levantan las principales demandas politizadas por buena parte de la oposición al gobierno de Correa para traccionar votos de distintos sectores sociopolíticos. No es casual que la consulta reciba el apoyo simultáneo de la Izquierda Democrática, las elites económicas del país y los grandes medios de comunicación. Con todo, lo que está en juego entonces es el definitivo quiebre del proceso popular a partir de una relegitimación electoral. Para dar cuenta de ello, nos centraremos en el análisis del contenido y posibles consecuencias de las preguntas clave que se le hacen a la ciudadanía[1].

Como se dijo, las preguntas refieren a temas que estaban ya situados en la esfera pública, tomando de allí su legitimidad. En primer lugar, la pregunta seis propone la eliminación de la famosa “Ley de Plusvalía”, norma que con el objeto de limitar la especulación sobre el precio del suelo (urbano) generó un nuevo impuesto a partir de la segunda venta de inmuebles. Su derogación implicaría, no el repunte de la industria de la construcción como se argumenta, sino la pérdida de una importante herramienta de lucha contra la acumulación de capital inmobiliario.

 “Con todo, lo que está en juego entonces es el definitivo quiebre del proceso popular a partir de una relegitimación electoral”

En este último caso tenemos el primer elemento de reacción en términos económicos. Pero las preguntas cinco y siete refieren más a temas de la izquierda ecologista que, antes que una reacción, constituyen una propuesta no tanto comprometida con la limitación al modo de acumulación extractivo, cuanto a una forma de clausurar un debate bien complejo.

En efecto, la pregunta cinco que versa sobre la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, primero, ya se encuentra presente en el artículo 407 de la Constitución de la República. Lo nuevo viene dado por la prohibición de tal actividad en centros poblados. No obstante lo cual la cuestión de la minería metálica deja sendas dudas si esto implica limitar todas las etapas y las formas de la llamada mega-minería a cielo abierto (la principal y más rentable forma de explotación minera en nuestros países).

En un sentido similar nos encontramos frente a la pregunta siete, la cual propone la reducción del área de explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní y la ampliación de la zona bajo resguardo. Vale resaltar que organizaciones sociales que han defendido al parque del avance de la explotación (como Yasunidos), han llamado la atención sobre las imprecisiones de esta pregunta. No es menor que sea la única que no tenga anexos. Pero incluso, limitar la zona a trescientas hectáreas se ubica por arriba de las doscientas treinta y seis hectáreas que Petroamazonas –empresa estatal de producción del commodity- ya tiene planificado explotar. Por último, pero no menos importante, esta cuestión no refiere a la extracción no convencional de hidrocarburos, dejando vía libre a métodos de obtención del recurso como el fracking.

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Finalmente llegamos a las primeras tres preguntas, las claves de la Consulta.

La pregunta 1, propone que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para ser electo. En el contexto de la arremetida de los poderes judiciales contra líderes y referentes de los procesos populares esto constituye una de las principales armas de purga y muerte política de los principales referentes de la Revolución Ciudadana. Y no tanto por la efectiva investigación de causas de corrupción específicas, sino también por la posibilidad y capacidad de poderlas construir con el amparo del cerco mediático. Así, a partir del Referéndum el tan de moda lawfare toma para sí una clave de persecución política popularmente legitimada, cuyos únicos destinatarios son quienes hoy son opositores a Moreno. Una iniciativa que parece (y debiera ser) justa, queda también subsumida a fines de coyuntura política.

En un sentido similar, la pregunta 2 invita a votar a favor de que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez para el mismo cargo. Pero esto no solo trata de dejar sin efecto la reelección indefinida. También tiene como propósito evitar que Correa vuelva a presentarse para competir por la presidencia, puesto que en su anexo, tal pregunta propone que esto sea aplicado con retroactividad. Y el único actor político que fue reelecto para el mismo cargo fue, justamente, el expresidente.

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Finalmente, y lo que constituye el punto más grave en términos de equilibrio de poderes y división funcional republicana, la pregunta 3 refiere al tan discutido y clave Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución perteneciente a uno de los poderes públicos (en el Ecuador existen cinco, los tres “convencionales” más el Electoral y el Ciudadano).

El CPCCS organiza la selección de quienes encabezan determinados organismos de control y rendición de cuentas a partir de la participación ciudadana. Sin embargo, según Moreno y las apreciaciones de la opinión pública, la institución siempre falló a su función en la medida en que sus miembros fueron “adictos” al Ejecutivo. En este caso, tales actores estatales se encuentran más apegados a Correa que a Lenin. De allí que la propuesta de la pregunta, antes de presentar una reforma a la institucionalidad en cuanto tal, refiera a la adhesión de los Consejeros al expresidente, ya que la misma propone dar por terminado su período constitucional y que en su lugar asuma un nuevo Consejo a gusto del Ejecutivo nacional actual, teniendo la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos. Entre otros cargos, los nuevos Consejeros podrían destituir Jueces, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, procuradores, entre tantos otros. Cabe considerar, además, que el CPCCS también nombra a los vocales del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Por tanto los nuevos consejeros podrán terminar anticipadamente los periodos de las autoridades electorales de cara al proceso de elección de autoridades locales de 2019.

Con todo, entre el intento de proscribir electoralmente al ex presidente (tal y como se está operando en Brasil con Lula), la muerte política de funcionarios y ex funcionarios del correísmo y la toma de organismos de control propiciando una concentración de poder institucional escandalosa, constituyen las claves del proceso de descorreización del Estado y la sociedad, la búsqueda de la reversión de los principales logros del proyecto político y la vuelta hacia la agenda neoliberal más dura, en consonancia con lo acontecido en buena parte de los países de la región. En este sentido, y para evitar esto, es que buena parte de los sectores políticos progresistas estén haciendo campaña para que se vote por el “No”.

“La búsqueda de la reversión de los principales logros del proyecto político y la vuelta hacia la agenda neoliberal más dura, en consonancia con lo acontecido en buena parte de los países de la región”

Frente a todo, y con una previsión de una amplia victoria del “Si” en todas las preguntas, la gran incógnita que queda es en qué medida y hasta qué punto el gobierno de Moreno devendrá en un auténtico proyecto político neoliberal o si la misma presión de las elites volverá a abrir un nuevo ciclo de inestabilidad política frente a una fuerza en el poder que, a pesar de las presiones y de su alejamiento de Correa, sigue pujando por una agenda progresista. Lo que queda claro es quienes terminan acumulando poder tras la victoria: los históricos grupos económicos y sociales de la restauración.

 

[1] Se agregan las siete preguntas textuales del Referéndum y la Consulta

A- Referéndum

1- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?”

2- ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

3- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

4- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

5- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

B- Consulta Popular

6- ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?

7- ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?