Derribando mitos sobre los inmigrantes en la Argentina – Germán Aguirre

El Presidente Mauricio Macri brindó ayer una conferencia de prensa y sostuvo que “no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para delinquir”. Así, la cuestión de la inmigración en nuestro país ha sido colocada en el centro del debate, de un modo similar a como hace unas semanas Cambiemos puso en el eje de la discusión su intención de disminuir la edad de punibilidad de los jóvenes a los 14 años. Visto en perspectiva, resulta patente que la política de seguridad del Gobierno ha encontrado dos culpables —los inmigrantes y los menores— sobre los cuales quiere aplicar políticas más duras. Esto ha favorecido la divulgación de un discurso estigmatizador sobre ambos grupos humanos, a los que por extensión se convierte en chivos expiatorios de los problemas sociales y económicos que vive la Argentina en este momento.

En este escenario, no podemos dejar de hacer unas cuantas preguntas básicas. ¿Cuál es la incidencia de la inmigración en Argentina? ¿Es la inmigración el problema primordial de la Argentina? O mejor aún, ¿constituye siquiera un “problema” que haya que “resolver”? En lo que sigue, algunos datos para enmarcar la discusión que se viene.

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“La Argentina está siendo invadida por bolivianos, paraguayos y peruanos”.

            Para tener un primer panorama general, veamos información básica sobre la magnitud de la inmigración en la Argentina actual. Según el Censo Nacional de 2010 del INDEC, en nuestro país había poco más de 1,8 millones de extranjeros sobre un total de población de 40 millones de personas. Esto equivale a decir que el 4,42% de la población de la Argentina es extranjera. De modo que, lejos de una “invasión”, como muchos suelen percibir, sólo 4 de cada 100 personas son inmigrantes.

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            Si comparamos estos datos con los del boom inmigratorio de hace un siglo, el contraste resulta evidente. En 1914, el total de población era de 7,8 millones de personas, de las cuales 2,4 millones eran inmigrantes. En otras palabras: aproximadamente el 30% de la población era extranjera.

            El discurso anti inmigratorio ha sido especialmente duro con los habitantes provenientes de países limítrofes, a pesar de que el fenómeno de migraciones desde y hacia países de la región comenzó hace ya varias décadas. Pero la pregunta es, ¿qué incidencia tienen estos inmigrantes sobre el conjunto de la población? Tomando los datos del INDEC, podemos decir que los extranjeros provenientes de países limítrofes más Perú representan solamente el 3,49% de la población total de nuestro país.

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            Comparemos estas cifras con las de otros países. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en su última actualización de datos de 2013, ubica a la Argentina en el puesto 129 por el porcentaje de inmigrantes sobre el total de población. El ranking es encabezado por Emiratos Árabes Unidos, con el 83,7% de población extranjera. Lo llamativo es que países como Estados Unidos (14,3% de extranjeros, puesto 69), Reino Unido (12,4% de extranjeros, puesto 76), o Alemania (11,9% de extranjeros, puesto 79) tienen porcentajes mucho mayores de inmigrantes que Argentina.

“A la Argentina vienen delincuentes y vagos”

            Ya en noviembre del año pasado, el senador Miguel Ángel Pichetto había contribuido a la exacerbación del discurso anti inmigratorio al sostener que “funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”. Un tiempo antes, el conductor televisivo Jorge Lanata había realizado un cuestionable informe sobre la presencia de extranjeros en la Universidad de Buenos Aires (UBA), planteando que venían a estudiar a la Argentina simplemente porque era “gratis”, y proponiendo enseguida un arancelamiento para la educación de los extranjeros en nuestro país.

            Esta semana, además del presidente Macri, fue el propio Pichetto quien se puso a tono con la propuesta de endurecer la política hacia los inmigrantes y planteó que “cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son de origen peruano”. El Gobierno se apoyó en el homicidio de Brian, un joven de 14 años asesinado en un tiroteo en Flores a fines de diciembre, de cuyo crimen se acusa a una persona de nacionalidad peruana, para reforzar la idea de que la inmigración se vincula con la delincuencia. La Canciller, Susana Malcorra, sostuvo que “estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante”.

            Veamos, entonces, si la inmigración está asociada a la delincuencia. ¿Los inmigrantes son la causa que explica la delincuencia y la inseguridad en el país? ¿Qué porcentaje de presos son extranjeros?

            Según datos del Ministerio de Justicia, el 94% de los reclusos en el país son argentinos. Contra lo que sostiene Pichetto, sólo el 1,09% de los presos son de nacionalidad peruana. Si contamos a todos los extranjeros, suman sólo el 6% de la población carcelaria.

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            Asimismo, es necesario destacar que la actual Ley de Migraciones (25.871), ya impide en su artículo 29 el ingreso o permanencia de extranjeros con antecedentes o condena penal en Argentina o en el exterior, y según los últimos datos disponibles (de 2009), fueron expulsados del país 1.330 personas por irregularidades en su situación migratoria. De modo que, en todo caso, la idea del Gobierno de impulsar un “cambio legislativo” para permitir el combate de la delincuencia extranjera resulta cuanto menos sospechosa, dada la normativa vigente.

“Los extranjeros le roban el empleo a los argentinos”

            En un contexto de ofensiva discursiva contra los inmigrantes, suelen reflotarse una serie de premisas xenófobas que prenden muy bien en períodos de crisis. Una de ellas es la típica idea de que “los extranjeros le vienen a sacar el trabajo a los argentinos”. Pero esta idea resulta insostenible por varios motivos. Si analizamos los indicadores económicos del último año, veremos que el incremento del desempleo y la precarización se han producido básicamente por una serie de políticas públicas del Gobierno, y no por un aumento de presencia de extranjeros en el país.

            En efecto, según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, durante los primeros ocho meses de 2016 la actividad económica se contrajo un 3,5%. Y según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 se perdieron 92.000 empleos sólo en el sector privado formal, es decir, sin contar los despidos en el sector público ni los desocupados en el sector informal. Debe destacarse el hecho de que los estudios de organismos no gubernamentales ubican estas cifras mucho más arriba, con lo cual es probable que la caída del empleo y la actividad sean aún mayores. En todo caso, los inmigrantes suelen ser de por sí el sector más estigmatizado en lo laboral: sin políticas gubernamentales de contención y de inserción, en su mayoría terminan ocupando trabajos temporarios en el sector informal, de modo que suelen ser una de las primeras víctimas de las crisis económicas, y no sus beneficiarios.

            Más aún, según la Dirección Nacional de Migraciones, no ha habido cambios importantes en el ingreso de extranjeros al país. En el primer cuatrimestre de 2016 se tramitaron 35.776 solicitudes de radicación permanente. Comparemos con lo que pasaba hace algunos años, por ejemplo, en 2013. En ese año, se resolvieron 138.219 pedidos de radicación permanente. Es decir, el flujo migratorio se mantuvo estable.

            En suma, hay que destacar un claro desfasaje entre el discurso contra los extranjeros y la realidad de la inmigración en el país. La ofensiva que el Gobierno y algunos legisladores comienzan a dar con vistas a convertir al inmigrante en un criminal no se sostiene en un diagnóstico realista, sino que pareciera ser parte de una estrategia de Cambiemos para esquivar la discusión sobre una serie de problemas económicos y sociales urgentes, así como también un intento para evitar hacer una rendición de cuentas de las políticas que ha venido adoptando.

            Hacer del inmigrante un delincuente, un vago, alguien que sólo busca aprovecharse de la gratuidad de nuestros servicios de educación y salud, y otras tantas acusaciones, permite convertirlos en chivos expiatorios de las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa el país. El costo político de hacerlo es casi nulo, porque el inmigrante carece a nivel nacional de los derechos políticos de un nativo, y porque de por sí el inmigrante suele ser estigmatizado en lo laboral y en lo social.

            La aparición de estos discursos en un contexto preelectoral tiene dos objetivos cuestionables: el primero, reforzar la idea de que la inseguridad es el principal problema del país, cuyos nuevos responsables parecen ser los menores y los extranjeros; segundo, ocultar así del debate público la urgencia que plantean el desempleo, el crecimiento de la desigualdad y la política de ajuste y recorte que el Gobierno viene implementando. En esa simplificación de los términos del debate opera el mecanismo burdo de la mera estigmatización y difamación, que empobrece la esfera pública y daña el legítimo derecho de todos a ser tratados como iguales y a participar en la definición de las decisiones políticas.