Algunos desafíos para la paz en Colombia después de la derrota del plebiscito – Diego Paredes

El único consenso que existe hoy frente al resultado del plebiscito es que nadie esperaba una victoria del “No”. Ni la comunidad internacional ni los defensores del proceso, ni siquiera los opositores al Acuerdo de La Habana. El desconcierto que se vivió el día siguiente a la votación fue tan grande que incluso el expresidente Uribe, principal ganador de la contienda, no sabía muy bien qué hacer con la inesperada noticia. Actualmente, un mes después de conocerse el resultado, el panorama no termina de esclarecerse. Sin embargo, la derrota del plebiscito originó un nuevo escenario, sin duda muy complejo, que si bien ha puesto de manifiesto las serias dificultades que enfrenta la construcción de la paz en Colombia, también revela algunas oportunidades para la terminación del conflicto.

La muy apretada victoria del “No”, recordó la polarización que se había expresado en las elecciones presidenciales de 2014. Aunque se esperaba que el plebiscito se comportara como una consulta extraordinaria, dado que a través de él se buscaba refrendar un acuerdo para terminar con un conflicto armado de más de cincuenta años, lo cierto es que se pareció más a una elección nacional ordinaria: la abstención no fue muy distinta a la de la primera vuelta de 2014 y el resultado final dividió al país de manera similar a como lo hizo la segunda vuelta. Con la gran diferencia de que en el 2014 la opción por el “Sí” ganó por un estrecho margen, dado que el presidente Santos fue reelegido con un mandato para perseverar en los diálogos de La Habana.

En el 2016, pese a que diferentes factores intervinieron en el resultado de la votación –como el invento de la “ideología de género” que unió a los cristianos y algunos católicos en contra del acuerdo–, los que lideraron la campaña del “No” lograron que el plebiscito se convirtiera en una oportunidad única para rechazar, en un mismo movimiento, a las FARC-EP y a Santos. Sin embargo, de sus declaraciones días antes de plebiscito, se infería que su expectativa no era superar al “Sí”, sino lograr una cantidad significativa de votos que empezara a preparar su retorno al poder en las elecciones presidenciales de 2018. Una victoria pequeña del “Sí” mostraría una país dividido, una gestión santista desgastada y un acuerdo de paz frágil con una legitimidad muy discutible.

Tal vez lo anterior explique por qué fue el expresidente Uribe el que primero tomó la iniciativa de llamar al presidente Santos y buscar una reunión entre élites. En los primeros días, varios sectores temían que se hiciera un nuevo pacto nacional al estilo del “Pacto de Sitges” de 1957, en el cual los representantes de los partidos liberal y conservador sentaron las bases para la alternancia del poder entre estos dos partidos por dieciséis años. Pero, hacia el final de la semana, apoyado en la noticia del Nobel, y en el unánime respaldo internacional, Santos mostró que su intención era defender el acuerdo firmado con las FARC-EP y convertir la derrota en el plebiscito en una oportunidad para inyectarle una mayor legitimidad a la búsqueda de la paz.

De este modo, la victoria del “No” tuvo tres consecuencias inmediatas para el fortalecimiento del proceso. En primer lugar, bajo la consigna de “¡Acuerdo ya!”, miles de estudiantes salieron a las calles alrededor del país para defender el Acuerdo de La Habana. Si durante cuatro años de negociaciones, gran parte de la población había permanecido apática frente al proceso de paz, el 5 de octubre, y en los días siguientes, las marchas multitudinarias, las reuniones de “Paz a la calle” y las iniciativas populares de los “Cabildos abiertos”, mostraron que los del “Sí”, pero también muchos que habían votado por el “No” y otros que ni siquiera votaron, querían que se mantuviera el cese al fuego y la salida dialogada al conflicto armado. En segundo lugar, el resultado del plebiscito generó un diálogo, todavía inconcluso, entre el Gobierno y la oposición de derecha, representada por el expresidente Uribe, pero también por una facción del Partido Conservador, sectores de víctimas y comunidades cristianas y católicas que tienen observaciones de distinta índole frente al Acuerdo de La Habana. Al día de hoy no sólo el Gobierno, sino también las FARC-EP se han reunido con varios de estos sectores y han escuchado sus propuestas para hacer algunos cambios en los acuerdos. En tercer lugar, la derrota del “Sí”, llevó al Gobierno a retomar las negociaciones con el ELN, que habían quedado en suspenso desde marzo 30 de este año, a raíz de un desacuerdo de las partes frente al tema del secuestro. De manera inmediata se le puso una nueva fecha a la instalación pública de la mesa y el comienzo del diálogo se fijó para el 3 de noviembre. Aunque la semana pasada se volvió a complicar el inicio de esta fase pública, ambas delegaciones se encuentran reunidas con los garantes internacionales para tratar de solucionar el nuevo impase.

El Gobierno de Santos y las FARC-EP han mostrado una actitud serena y prudente frente a este nuevo escenario. Como lo muestran los últimos comunicados conjuntos, ambas delegaciones siguen escuchando a los representantes del “No” y del “Sí” y están analizando las posibles precisiones y ajustes al Acuerdo Final con el propósito de incorporarlos al texto de un nuevo acuerdo. ¿Pero cuántos y qué tipo de ajustes podrá resistir este nuevo acuerdo? Esta es la pregunta que todavía no se responde en La Habana, aunque de antemano se anticipan algunas respuestas. Para poner un ejemplo, seguramente podrá explicarse el alcance y la importancia del “enfoque de género” –no “ideología”– a las comunidades cristianas, como ya se viene haciendo, pero será muy difícil que las FARC-EP cedan en el punto de víctimas, en el que se postula la creación de una “Jurisdicción especial para la paz”. Es posible que se puedan ajustar los tiempos del Tribunal para la Paz, incluso que se hagan pequeñas modificaciones con respecto a la escogencia de los magistrados y frente al tipo de sanciones, pero las FARC-EP no estarán dispuestas a dejar las armas para terminar en la cárcel ni firmar un acuerdo de paz renunciando a la futura elegibilidad política de su dirigencia. En estos puntos, y en varios otros, será muy difícil que las exigencias del Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Uribe, llegue a un consenso con el Gobierno y con las FARC-EP.

Así pues, como ya lo afirma el tercer comunicado conjunto de La Habana, “el Presidente de la República esta investido de facultades constitucionales para sacar adelante la paz”, lo que quiere decir que, aunque el nuevo acuerdo no deje contentos a todos los sectores del “No”, Santos tendrá la facultad para buscar su implementación a través de nuevos mecanismos jurídicos y con una renovada legitimidad política. Es esta legitimidad, este apoyo mayoritario a la salida dialogada y no militar al conflicto armado, la que ha estado en juego desde que comenzaron los diálogos de La Habana y la que define, en gran medida, que sea posible sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

 

*El autor es Doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Es, además, miembro del portal Palabras al margen.