Después de las PASO, algunas notas sobre la representación parlamentaria en Argentina – Torres y Wallach

“…con sabiduría,  ha dicho la Constitución en esta parte: las provincias son consideradas como distritos electorales de un solo Estado. Federal en todo, federal en sus tendencias, federal en la organización del Senado, ha querido ser unitaria en la organización de la Cámara de Diputados. Las provincias dejan de ser consideradas como entidades autónomas (…); y así, el sentimiento de unidad nacional tiene en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, particularmente, su defensor, su guardián, su fuerza más poderosa”

(Indalecio Gómez, 08/11/1911).

 

Dejadas atrás las PASO, y mientras las acusaciones cruzadas del domingo 13 de agosto van dando lugar a que “hablen” los resultados que emergen del esperado escrutinio definitivo (lo que no implica restarle total significancia a los comentarios de aquella jornada, más bien demandan esfuerzos interpretativos), comienza a hacerse sentir la relevancia de las reglas del juego político. En este sentido, producto de los efectos contractivos de la legislación electoral (en lo que hace a los umbrales, etc.), ya ha trascendido quiénes están en condiciones de seguir adelante en la compulsa democrática y quiénes no podrán participar de las generales de octubre.

En las primarias, al menos en la “esencia” del sistema, lo relevante es arribar -mediante el apoyo de los votantes- a las nominaciones de los candidatos de cada espacio político. En este sentido, es acertado cuando al día siguiente algunos dicen “de acá a octubre empieza otra campaña, porque la elección que se viene es distinta”. En efecto, de movida la diferencia radica  en que se avecinan comicios de los cuales sí surgirá la asignación de escaños, según las disposiciones sobre el voto, alianzas, fórmulas de conversión y distritos que conforman el sistema electoral nacional.

Junto con tales aspectos de ingeniería institucional, nos resulta interesante reparar en las nociones de representación subyacentes a los mismos, en vistas a las modalidades de campaña que se irán viendo de aquí a octubre y a las continuidades o requiebres entre lo que se promete y lo que luego se hace, entre las formas de construir legitimidad de origen y de ejercicio. Es decir, cuando se escucha “nos prometió tal cosa para conseguir nuestro voto y luego hizo otra”, ¿tiene algo que ver ese cambio imputado al candidato devenido en representante con los incentivos institucionales? Veremos que, en caso de surgir tal disonancia, estarán en contraposición lo que entendían los “padres fundadores” en cuanto a qué o a quiénes representan los electos (según cada caso) versus las nociones de representación que cada aspirante a legislador (y sus equipos) puede construirse.

Este año, según dispone la Constitución, se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara baja. Sin embargo, en las proyecciones y los análisis de los resultados de los comicios, suele haber cierta confusión sobre a quiénes representan los senadores y los diputados. Es decir, ¿los rigen los mismos criterios? Pregunta no trivial, si se tiene en cuenta, por un lado, la relevancia del principio de igualdad democrática (un elector, un voto) y, por el otro lado, la importancia del criterio de equidad entre los sub-estados de la federación. Sin embargo, es problemático aplicar indistintamente ambos criterios a todos los legisladores. Veamos:

La expresión de la territorialidad está en el Senado, que posee 3 legisladores por cada distrito (2 por la mayoría y 1 por la minoría), totalizando 72 escaños. El pueblo de la nación está representado (casi) proporcionalmente en la Cámara Baja, compuesta por 257 legisladores, electos desde sus respectivos distritos. La conformación de esta Cámara surge del reparto que se hace a partir de la aplicación de la fórmula D’Hondt, adoptada para-constitucionalmente en 1962 (por entonces como resguardo ante el peronismo si se levantaba la proscripción), más allá que la Constitución sigue mencionado el principio mayoritario, como rige para el Senado.

Ahora bien, ¿cuántos votos requiere una agrupación o partido para obtener una banca en la Cámara baja? Aunque resulte paradójico, la respuesta que más se acerca a la verdad es “depende”. No cuesta la misma cantidad de votos un escaño en la extensa y pobladísima provincia de Buenos Aires que en la extensa y desierta provincia de Santa Cruz. Y esto porque con la Ley 22.847 de convocatoria a los comicios de 1983 (norma que es parte de la “pesada herencia” de la última dictadura cívico-militar) se redistribuyeron las magnitudes de distrito, disponiendo un mínimo de cinco diputados por cada uno.

Dicha ley, conocida como “Bignone”, tomó como base los resultados del censo de 1980. Pero el crecimiento demográfico entre este año y 2010 (último censo)  es de más de 13 millones de habitantes. [1] Ese incremento no tuvo su correlato institucional, ya que mientras la población argentina creció, el número de representantes se mantuvo estable. Así, las provincias más pobladas están sub-representadas y las menos habitadas están sobre-representadas en la Cámara de Diputados. Al referir a este fenómeno y sin imputarle necesariamente una valoración negativa, ya Reynoso (2002) proponía reemplazar la denominación de malapportionment por la de “sobrerrepresentación distrital”, común en federaciones (en general con bicameralismo), cierta heterogeneidad social y extensión del territorio.

Según los resultados de 2015, en la provincia de Buenos Aires fueron necesarios alrededor de 400 mil sufragios para ser diputado nacional, en Córdoba se necesitaron casi 180 mil votos, en Santa Fe 145 mil y en la CABA 165 mil. La variación depende de la cantidad de votantes y de bancas en disputa.

De manera que al organizar el Estado Nacional, a cada Cámara del Parlamento se le asignó  principios representativos diferentes, como decía el entonces ministro del Interior Indalecio Gómez, al defender la Ley Sáenz Peña (plasmando también la preocupación de la elite de inicios del siglo XX por la unidad nacional, aunque sin avizorar del todo la preponderancia del presidencialismo). Eso induce a distintas estrategias de campaña y de desempeño de los electos (en lo cual también influirá, desde luego, aspectos como la relación interpoderes y la pertenencia a la bancada oficialista u opositora). No se trata aquí ni mucho menos de impedir la interpretación dinámica del texto constitucional ni de obturar las diferentes dimensiones de la representación. Simplemente se hace el señalamiento de que absolutizar latiguillos del tipo “como diputado legislaré para mi provincia” (pensando en compromisos con las bases territoriales) y “como senador trabajaré por los argentinos” (con armados hacia fuera de la propia provincia) no se ajustaría del todo al proyecto de los constituyentes, quienes en 1853 optaron por un bicameralismo que expresara a la ciudadanía y al federalismo.   

[1] Población argentina, según INDEC – Censo 1980: 27,9 millones de habitantes.

Población argentina, según INDEC – Censo 2010: 41,2 millones de habitantes.

 

*Por Aníbal Torres (Politólogo, UNSAM-UNR)  y Martín Wallach (Politólogo, UBA)