La legalidad y la legitimidad – Gonzalo Manzullo

Es importante ser obsesivo para marcar la diferencia entre ciertos conceptos que circulan en nuestras discusiones cotidianas. La indiferenciación muchas veces puede contribuir al error.

A sabiendas de que la política no es el lugar de la previsibilidad y la calculabilidad -sino que más bien sus excepciones- a la hora de actuar políticamente resulta crucial superar confusiones que puedan hacernos tropezar.

Es común confundir en una discusión política los términos “legalidad” y “legitimidad”. Si bien podríamos coincidir en que ellos se mezclan y complementan en ciertos casos, no significan lo mismo. Se trata de un error que queremos superar: su asimilación en términos de la distinción entre un ideal o deber ser contrapuesto a la práctica o el ser de las cosas.

El principal hecho que nos lleva a confundir ambos términos es que no se los puede distinguir por su objeto. Esto significa que un mismo hecho puede atribuírsele al mismo tiempo un tipo de legalidad y un tipo de legitimidad respectivos. No hay un objeto específico para cada uno de estos términos. El error consiste en evaluar la “legalidad” de un asunto en términos de su legitimidad. Esto significaría por ejemplo evaluar una estrategia política como puede ser la candidatura testimonial a un cargo público como “ilegal”. Esta práctica se atiene a las normas prescritas, pero nos puede parecer ilegítima (mala y/o injusta).

Tampoco pueden distinguirse por su sujeto. Un mismo sujeto puede detentar un cierto tipo de legalidad y simultáneamente un tipo de legitimidad determinado. Por ejemplo, en la época monárquica donde la soberanía emanaba de Dios, el poder del monarca era absoluto. Legalidad y legitimidad coincidían en su sujeto. Esta coincidencia no asimila un término al otro, antes bien, se trata de atribuciones distintas que hacen al soberano absoluto por poseerlas todas. Hoy, estas atribuciones pueden no coincidir en un mismo sujeto. Por ello es necesario distinguirlas para evitar la confusión.

La primera diferencia concierne a su campo de incidencia: la legalidad es un atributo que pertenece o se desprende del ámbito jurídico. La legalidad hace a la validez de las normas vigentes de forma impersonal, sin atender a su contenido. La legitimidad hace a nuestras concepciones de lo bueno, malo, justo e injusto de las reglas que nos rigen. La legalidad no se mide con la vara de la justicia, sino con la de la validez. El derecho puede ser justo o no, pero vale. Así, podemos pensar que el derecho y la legalidad se remiten a la neutralidad de normas que hay que cumplir.

Puede parecernos que el hecho de atenerse a la legalidad es un atributo positivo de un gobierno. Pero ocurre que confiar en la legalidad per se no nos anticipa el contenido que ella puede involucrar. 

No existe un solo tipo de legalidad. Sólo por citar un ejemplo, el régimen totalitario que tuvo lugar en Alemania con la llegada de Hitler al poder involucraba una legalidad determinada. Un régimen nefasto como aquél se ceñía a un tipo de legalidad que lo habilitaba a conservar el poder y actuar sistemáticamente con violencia y muerte siguiendo reglas que él mismo se había dado. El nazismo no se apartaba del derecho, sino que tenía sus propias reglas, su propia legalidad.

Con esto queremos decir que la legalidad como atributo puede ser neutral, pero su contenido no lo es. Del contenido de aquello que es legal se desprende una concepción sobre lo que es justo e injusto, así como sobre lo que está bien o mal. Como consecuencia, criticar el contenido de un sistema de reglas no es malo por sí mismo. Situarse en contra de cierta ley no implica tener la intención de abandonar todo tipo de reglas o normas, sino proponer que ellas se orienten hacia otro criterio sobre lo justo y lo bueno. A su vez, esto significa que la legalidad, si bien se refiere a lo que en el presente vale como regla, puede ser sometida a discusión (de hecho es esto lo que sucede todo el tiempo). Como contracara de esta situación, la legalidad por sí sola tampoco puede ser un valor, sino que lo valioso está en el contenido de ella, como veíamos por la negativa con el ejemplo del nazismo.

Entonces, si la legalidad por sí sola no puede garantizar la justicia y el bien, es necesaria la intervención de otro elemento. Aquí aparece la legitimidad. El derecho es asistido por la moral -nuestras concepciones del bien, mal, lo justo e injusto-. La moral fundamenta el derecho, el derecho se apoya en la moral. La legitimidad viene a dar un contenido moral al derecho. Ese contenido depende de un sujeto colectivo como puede ser un pueblo. Solo él dota de un contenido a las normas que rigen nuestra vida social.

Una vez que entendemos que ambos términos difieren entre sí pero pueden coincidir en su objeto, pensamos inmediatamente que pueden llegar a chocar entre sí.

Como la legalidad no pretende por sí misma la vigencia de tal o cual valor, no lleva consigo la garantía de ser legítima. Esto significa que la conocida y respaldada expresión de deseo del “imperio de la ley” no asegura una forma de vida justa ni el bienestar de un pueblo. Detrás de la legalidad es necesario que se eleve un cierto tipo de legitimidad. Si, por el contrario, ponemos por encima la legalidad, apabullamos y rechazamos la legitimidad, haciéndola superflua y dejando el contenido de lo bueno y lo justo librado al azar.  

Lo que ocurre en ese caso es que elevamos la legalidad a un valor supremo, convirtiéndola en una forma de legitimidad del orden social. El riesgo de este camino es avalar hechos que podrían ser ilegítimos como la disolución de un Parlamento o la destitución de un presidente sin justificación fehaciente, por el mero hecho de ser procedimientos “rigurosamente legales”. 

En suma, si perdemos de visa la pregunta por la legitimidad para concentrarnos en la validez y la legalidad, olvidamos preguntarnos sobre lo bueno y lo justo para la vida en comunidad.