La responsabilidad política de los medios – Franco Castorina

Afirmar que los medios de comunicación tienen una influencia fundamental en la elaboración de los argumentos y las ideas políticas que transitan el debate y la opinión pública no es decir nada novedoso. Un recorrido veloz por la literatura en torno a la opinión pública puede reforzar esta tesis. Este texto, entonces, pretende reflexionar en torno a la responsabilidad política de los medios de comunicación en la divulgación de las ideas de los actores políticos a las que finalmente acceden los ciudadanos.

El acceso a la información respecto a los discursos y las ideas políticas que los partidos representan, están mediadas, en buena media, por los medios de comunicación. El debate presidencial que se llevó a cabo a fines de 2015 en Argentina es una buena muestra de ello. Tal es así que los representantes políticos utilizan estas plataformas para comunicar las acciones y medidas que tienen previsto realizar, para dar cuenta de sus posiciones en torno a cuestiones coyunturales, para aclarar las razones que motivaron una determinada acción, etc. De esta manera la ciudadanía accede a las ideas políticas de un determinado partido y, a partir de ellas, establece sus preferencias en el campo de la política que, luego, a través de las urnas, cristalizan en una configuración determinada en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Visto así, más allá de aquella instancia mediadora, la relación entre los ciudadanos y los partidos parece razonablemente transparente y directa. Éstos expresan sus ideas y posiciones a través de los medios de comunicación y la ciudadanía elige en función de cuánto se ajustan esas ideas a sus propios posicionamientos y preferencias.

Sin embargo, en realidad, la relación entre el acceso a las ideas que representan los diversos partidos políticos y la ciudadanía no es tan simple: los medios de comunicación no son una instancia de paso para los políticos y sus ideas. Por el contrario, los medios presentan fines propios que pretenden concretar: fines de índole económica, pues los medios son, en líneas generales, empresas que responden a capitales privados. Cierto es que también algunos medios tienen posicionamientos políticos claros, es decir, pertenecen a tradiciones políticas de largo aliento, a partir de la cual intentan condicionar el juego político. Por eso, los medios están muy lejos de expresar las demandas de la parte mayoritaria de la opinión pública. Los medios no son la “voz de la gente”, sino que son la expresión de ciertos grupos que persiguen fines económicos y político-ideológicos determinados.

De este modo, la forma en la que un determinado medio difunde la información política está lejos de ser “independiente” o “neutral”; por el contrario, responde a esos intereses particulares. En este sentido, debemos abandonar la idea de que los medios son simples mediadores entre el Estado y la sociedad civil. Lejos de ello, los medios de comunicación intervienen sobre la información en función de sus propios intereses. Por eso no son neutrales, ni tampoco independientes. La tapa de los diarios suele ser elocuente al respecto: lo que se visibiliza o lo que se oculta está asociado a esos intereses. Cuando un diario carga las tintas sobre los hechos delictivos y corruptos de una parte del espectro político y hace silencio respecto a otros de la misma índole se está respondiendo a esa doble lógica política y económica. Así las cosas, una democratización y pluralización de las instancias mediáticas parece una idea necesaria. Si los medios de comunicación no son instancias neutrales, ya que determinan la presentación de las ideas y fenómenos políticos, una democratización y pluralización de estas instancias aparece como una alternativa sugerente al problema del monopolio. Si se ha entendido que los medios no son neutrales, fácilmente se pueden comprender los riesgos de un monopolio o un oligopolio mediático. Una pluralización de estas instancias resolvería el problema de la no neutralidad de los medios, ampliando las voces y democratizando cada vez más la opinión pública.

Cierto es que existen también medios de comunicación públicos, es decir, del Estado, que cumplen funciones similares al resto de los medios de comunicación. Ahora bien, estos medios públicos atienden al bien común y, por lo tanto, deben estar allí donde la ciudadanía manifieste alguna demanda. En la calle, en las plazas o donde sea. Un medio público que reproduce y replica la información de un medio privado; un medio público que hace silencio respecto de cada manifestación crítica hacia el gobierno en ejercicio no está cumpliendo su función. Un Estado, que a través de sus medios públicos, reproduce una lógica económica afín a ciertos medios privados de comunicación, está lejos de cumplir con la representación popular que se le exige. Por el contrario, cuando el Estado dirige sus políticas a contramano de los intereses privados de los medios de comunicación; cuando, a través de los medios de comunicaciones estatales, transmite ideas políticas que atienden las demandas populares; cuando un Estado se guía por fines políticos, orientados al bien común, que buscan representar los intereses populares, allí se cumple la tarea del Estado. Sin embargo, es en esos casos en donde los medios de comunicación privados difaman a un determinado partido político, a cierto gobierno, a cierto político. Los medios, entonces, lejos de divulgar ideas políticas, las vacían, allí donde no responden a su lógica privada, porque a los medios, en verdad, no les interesan las ideas políticas –ni tampoco la política– si éstas no van de la mano de su lógica privada. A los medios de comunicación privados no les interesa la política si ésta supone orientarse al bien común. Se debe admitir, sin embargo, que el bien común es una idea polémica, o sea, que no está definida de antemano. Cada proyecto político tiene su propia definición de lo que es el bien común y su propia idea de cómo llevar a cabo ese bien común. De todos modos, una definición de bien común que no tenga en cuenta al pueblo, olvida que éste es el sujeto soberano que elige a sus autoridades y representantes.
Aquí es donde entra en juego la cuestión de la responsabilidad. Está claro que, en ciertos casos, los medios de comunicación privados son responsables de la lógica de las políticas que se implementan, es decir, son responsables de “marcar la agenda”, de dar prioridad a determinadas cuestiones respecto de otras. Sin embargo, esta responsabilidad política no se traduce en una responsabilidad pública. Los medios de comunicación no deben responder ante el pueblo; esa cuestión queda reservada a los representantes políticos. Si una política resulta ser impopular, quien es responsable por lo sucedido no es un medio, sino un funcionario público o el partido político o la coalición al frente del Ejecutivo. Esta persona puede perder su cargo; el partido o la coalición puede volverse más frágil, pero ciertamente, el pueblo resulta el más perjudicado. En el fondo de este problema subyace una comprensión liberal-republicana de la política que suele ver al sector público como un espacio que es objeto de control, es decir, como un espacio que necesita ser controlado, mientras que entiende al sector privado como un espacio de libertad. De esta manera, el problema político se reduce al problema del Estado. El Estado necesita ser controlado por la sociedad civil. Esta concepción impide entender que lo privado también repercute en lo público, ya que lo que los medios hacen u omiten tiene efectos en el espacio público. La política, entonces, no se reduce al Estado, sino que involucra también a actores de la sociedad civil que efectivamente influyen en el espacio público. De esta manera, los medios también tienen responsabilidad política y, por lo tanto, no pueden hacer cualquier cosa. Defender la democracia implica preguntarse no sólo por la responsabilidad de nuestros representantes, sino también por la responsabilidad que los medios tienen. Que los medios de comunicación privados no sean financiados con nuestros impuestos –cuestión que puede ser debatible–, no los habilita a hacer y decir cualquier cosa. Por otra parte, quienes critican que los medios de comunicación públicos son mantenidos por los impuestos que todos los ciudadanos pagamos en tanto contribuyentes, olvidan otra parte de la historia: que quienes manejan esos medios públicos cuentan con un respaldo democrático. Los medios privados, por el contrario, no lo tienen.

Vistas las cosas así, la pregunta por el fortalecimiento de la democracia no puede remitirnos solamente a la cuestión de la consolidación de las instituciones, el afianzamiento de la ley, la división de poderes o la independencia de la justicia. Una pregunta de este tipo debiera preguntarse, también, por los efectos que producen los medios de comunicación para una política democrática orientada, si se precia de tal, hacia el bien común.

 

*Franco Castorina es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires.