Sobre la violencia neoliberal – Franco Castorina

Desde hace varios meses, asistimos a un proceso de recrudecimiento de la violencia institucional que se evidencia en episodios de represión contra la ciudadanía en general. La reciente coacción ejercida a través de golpes y gas pimienta hacia los docentes –ordenada, según la policía, por las “altas autoridades”– que estaban llevando a cabo una escuela itinerante en la plaza del Congreso es una muestra cabal de ello. Esto, sumado a innumerables episodios como la represión en un comedor de Lanús –que, entre otras cosas, produjo que una mujer perdiera su embarazo–, el modo de proceder impune y desmedido con que la policía se dirige hacia ciertos ciudadanos –hecho evidenciado periódicamente en más de un video subido a las redes sociales–, el desalojo por la fuerza de los “manteros” en Once, el encarcelamiento ilegítimo de Milagro Sala, etc., configuran una forma de resolución de los conflictos muy alejada del diálogo prometido e insistentemente pronunciado en los discursos. Más bien, dan cuenta de una “política” abocada a resolver los conflictos por la vía de una violencia sistemática e ilegítima, toda vez que no pueda imponer sus intereses o que su legitimidad se vea puesta en entredicho.

No se puede negar que es el Estado quien detenta el monopolio de la coacción física legítima, es decir, quien tiene la potestad de movilizar a las fuerzas públicas allí donde el orden esté en peligro y deba ser restituido. Sin embargo, la reciente represión a los maestros en la plaza Congreso, donde se desarrollaba una escuela itinerante a la vez que se visibilizaba el reclamo docente en torno a los salarios y a la paritaria nacional, ni siquiera cercenaba el tan amado derecho a la libre circulación. Sucesos de este tipo permiten preguntarnos por los valores o las ideas que dan forma a la política del actual gobierno.

En materia de educación, por ejemplo, la falsa promesa de destinar el 6 % del PBI, se vio rápidamente desmoronada ante las ridículas ofertas salariales hacia los docentes, sumado a los recortes en la planta de investigadores de CONICET, la reducción del presupuesto a las universidades públicas y el maltrato permanente hacia los empleados públicos del Ministerio de Educación. En lo relativo a la justicia, la tan celebrada “independencia de la justicia”, quedó manchada ante la detención de Milagro Sala, en condiciones ilegítimas, denunciadas por infinidad de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y culturales, que reclaman su liberación ante la ausencia de acusaciones fundamentadas y sostenibles, que convierten a Milagro Sala en una presa política; así como también, por el intento de  designación, por decreto presidencial de “necesidad y urgencia”, de dos jueces de la Corte Suprema, luego designados por el Congreso. A propósito de las políticas sobre derechos humanos, los desafortunados comentarios de funcionarios del PRO en torno a la cifra de desaparecidos, el intento de Mauricio Macri de mover el feriado del 24 de marzo como espacio para el recuerdo y la memoria por la verdad y la justicia o la nueva agenda señalada por Pablo Avelluto en torno a los “derechos humanos de los vivos”, indican la relevancia que el actual gobierno otorga a estas cuestiones.Por último, en referencia al empleo, el anuncio de que se iban a generar más de dos millones de puestos de trabajo quedó opacado ante la realidad de un país acosado por cientos de miles de despidos, tanto en el sector público como en el privado. Esto, sumado a las hostilidades sufridas por los empleados públicos de varios sectores, acusados de ser la “grasa militante” o de estar “infectados por la mala ideología”, componen un escenario caracterizado por la estigmatización del sector público y por el recorte del empleo.

Así las cosas, las promesas de campaña en materia de educación, de justicia, de trabajo, de seguridad, etc., no fueron más que una estrategia con vistas a ganar las elecciones. Pero detrás de los mantos del diálogo, de la confianza en la transparencia y en la unión de los argentinos, la política actual obedece a los criterios político-económicos propios del neoliberalismo, esto es, responde a los intereses económicos y políticos de las grandes corporaciones y del capital financiero. En este sentido, no deben extrañar argumentos espurios del tipo de “tienen de rehenes a los chicos”; tampoco tiene que llamar la atención la criminalización de la protesta, el protocolo antipiquetes, que impide toda manifestación de desacuerdo y de protesta social, la denigración de los trabajadores, docentes o militantes, ni tampoco una marcha donde circulan las más atroces ideas sobre nuestro pasado –ideas que creíamos superadas– y el más profundo odio hacia la clase trabajadora y hacia una política popular. Mucho menos puede alertarnos el explosivo incremento de la deuda pública o la insólita y millonaria compra de armas a Estados Unidos. Todo esto forma parte de una política que atiende intereses particulares  y que no muestra el menor reparo en avasallar las libertades y los derechos civiles en aras de lograr sus propósitos.

Sin embargo, un Estado eclipsado por las corporaciones, que atropella los derechos y las libertades civiles con vistas a proteger determinados intereses, exige la participación activa de una ciudadanía que no se resigne y que reclame la defensa de un Estado democrático y plural. Una situación así, reclama la acción política de un pueblo que no tolera los avasallamientos, ante un Estado que solo parece ser tal en tanto portador de la violencia y la fuerza pública pero que olvida de donde emana el poder que se le confiere, que no recuerda que es el pueblo el último baluarte de la democracia.