¿Qué es el liberalismo? – Franco Castorina

En la actualidad, el concepto de liberalismo parece destinado a ser un objeto de museo y el intento por delimitar su núcleo de ideas asoma como una propuesta ciertamente inconducente. Es que en Argentina ya casi no existe quien se defina a sí mismo como liberal y tampoco perduran partidos que lleven su inscripción en el nombre. Visto de esta manera, el liberalismo aparece como un concepto en peligro de extinción, que en ciertas ocasiones es utilizado como ofensa, y en otras es confundido con el neoliberalismo. No obstante, el liberalismo constituye una tradición de pensamiento político que aún hoy tiene vigencia en nuestros modos de pensar la política y, por ello, la pregunta por su significado resulta todavía relevante.

La libertad, la propiedad y el individuo son los términos claves sobre los cuales se apoya la descripción del liberalismo. Es que el liberalismo es una forma de individualismo, que postula al individuo como sujeto de la libertad y la propiedad. En lo relativo a la libertad, ésta no puede ser pensada por fuera del individuo: constituye una cualidad innata del individuo y, en tanto tal, es anterior a toda asociación humana. Lo mismo puede decirse de la propiedad: ella aparece como un derecho natural que tiene el ser humano, anterior a toda comunidad política. En este sentido, la vinculación de la libertad y la propiedad con el individuo es el punto de partida de la tradición liberal.

Sin embargo, la libertad, en los términos del liberalismo, no puede ser entendida como libre albedrío, como potestad de hacer cualquier cosa. El liberalismo parte del individuo como sujeto de la libertad, pero es plenamente consciente de su carácter social y de su irremisible necesidad de organizarse en torno a asociaciones políticas. En este marco, la introducción del Estado tiene lugar con vistas a garantizar la libertad y la propiedad del individuo. Dado que éste, librado al azar, es incapaz de defenderse del ataque a su libertad y a sus bienes por parte de otro individuo, el liberalismo reconoce la existencia del Estado en tanto asociación política capaz de garantizarlos. En última instancia, el liberalismo admite la armonía entre el bien particular y el bien general, esto es, supone que la sociedad, el Estado y la economía son la suma de las acciones de los individuos o, dicho de otra forma, considera que aquellas son el resultado del libre juego de las acciones individuales. Así, el individuo, al perseguir su propio interés, contribuye del mejor modo posible al fin de la comunidad.

Llegados a este punto se torna necesario deslindar al liberalismo político del económico. Si ambos tienen como principio fundamental el valor de la libertad, el liberalismo económico guarda mayores reparos hacia el Estado, pues, aunque reconoce la necesidad del Estado como un mal menor que, a fin de cuentas, garantiza la existencia de la propiedad privada, no acepta ninguna clase de intervención del Estado en la economía. Porque admite que el mercado librado a su suerte asigna del modo más eficiente los recursos, rechaza toda intromisión del Estado que pretenda apuntalar los índices económicos. Desde esta óptica, el Estado funciona como el garante de un orden económico sostenido sobre la base de un mercado autorregulado por la libre competencia entre individuos y allí donde el Estado pretenda intervenir, el liberalismo económico levanta un acta de sospecha. De esta forma, es perfectamente posible la existencia de un autoritarismo político acompañado de una política económica liberal: la última dictadura cívico-militar de nuestro país es una muestra clara de ello.

El liberalismo político, en cambio, admite la existencia del Estado como Estado de Derecho, fundado en la igualdad de todos ante la ley y la división de poderes. El liberalismo político, contrario a toda forma de autoritarismo, se configura a partir de un sistema de leyes reunidos en una Constitución, a cuyo cumplimiento todos los ciudadanos se deben avenir. En este marco, el Estado garantiza la igualdad y la libertad de los individuos sobre la base de la libertad de todos y, por ello, posee legítimamente el monopolio de la violencia física, ejerciendo coacción toda vez que la libertad de todos se encuentre cercenada.

En el orden de los acontecimientos históricos, la Revolución Francesa y la proclamación, a través de una Asamblea Constituyente, de los Derechos del hombre y el ciudadano, consagraron los ideales liberales fundamentales. La Revolución Francesa, llevada a cabo bajo los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, soterró los últimos vestigios del orden feudal y del absolutismo, al tiempo que proclamó la libertad e igualdad de todos, permitiendo el ascenso de la burguesía como la clase social predominante. Por su parte, la Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano coronó tanto los derechos y libertades fundamentales que todo individuo posee por el solo hecho de haber nacido como la idea de que la ley es la expresión de la voluntad general del pueblo, sea esta voluntad representada o no.

Por otra parte, el liberalismo promovió la separación entre el Estado y la Iglesia, sobre la base de la libertad de culto. En virtud de esta separación, la Iglesia ya no puede intervenir en los asuntos públicos y el Estado adquiere un carácter laico, teniendo cada una de estas instituciones absoluta autonomía respecto de sus esferas de influencia. En este marco, la libertad de culto individual impide al Estado imponer una determinada religión sobre sus ciudadanos. Se establece de esta manera un Estado laico que no privilegia a los ciudadanos que profesan una religión por sobre otros, sino que se mantiene al margen de ello y permite a cada uno de sus ciudadanos escoger libremente su confesión.

Esta visión, amparada en el valor de la tolerancia, se prolonga luego hacia todos los ámbitos de la vida. No solo el individuo es libre de escoger su culto; es libre también de expresar sus ideas y de escoger sus ideales políticos libremente. En este sentido, el liberalismo conduce a una reivindicación del pluralismo social que atiende a las diferentes concepciones que cada individuo tiene sobre la vida. Esto, llevado al plano de las instituciones políticas, se traduce en una defensa liberal del parlamentarismo, esto es, en un predominio del Poder Legislativo sobre la instancia ejecutiva. En la medida en que el Parlamento es aquella institución en cuyo interior no se monopoliza la instancia de decisión, sino que se representan políticamente la pluralidad de grupos que conforman la sociedad civil, el liberalismo exalta esa instancia por sobre las demás.

Aunque parezca haber caído en el olvido, los principios y valores liberales siguen teniendo vigencia en nuestra forma de pensar. Hoy abrazamos una forma de democracia que consagra la pluralidad: celebramos con orgullo el matrimonio igualitario; rebozamos de alegría ante la ley de identidad de género; discutimos sin reprobación -a excepción de ciertos sectores a quienes, no obstante, toleramos- el derecho al aborto o al consumo de estupefacientes; es decir, habitamos una democracia que reconoce la pluralidad y que parece alejarnos de los nefastos episodios de nuestro oscuro pasado.

No obstante, el liberalismo -como bien han señalado las críticas del pensamiento de izquierda- ha pasado por alto la desigualdad económica que subyace a la defensa de la igualdad de todos, al tiempo que, en su excesivo énfasis por el individuo, ha olvidado formular una idea de bien común. En su elogio de la tolerancia y de la pluralidad, deshace toda reflexión en torno a un bien común que vaya más allá del interés particular y exalta el ámbito privado por encima de lo público. Así, no es de extrañar que las buenas intenciones del liberalismo suelan desfigurarse en neoliberalismo, nueva forma -que no se debe confundir con aquel- no menos nefasta y oscura que nuestro sombrío pasado.