Lohana Berkins: luchadora sin demora por la Identidad de Género – Paloma Dulbecco

El 5 de febrero de 2016 murió la reconocida activista e intelectual feminista y travesti, orgullosamente salteña, militante de la vida y luchadora por la equidad y la inclusión. Con solo un breve repaso por los lugares que ocupó, salta a la vista su carácter de referenta indiscutible del movimiento LGTB de nuestro país, de América Latina y del mundo. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y en 2008 la Cooperativa de Trabajo “Nadia Echazú”, primer emprendimiento laboral a nivel mundial, gestionado y administrado por travestis y transexuales y que tiene por objetivo brindar una oportunidad de trabajo alternativa a la prostitución a la que han sido históricamente forzadas. Compiló los libros “La gesta del nombre propio” (2005) y “Cumbia, copeteo y lágrimas” (2007) que reúnen historias y memorias personales y relevan las condiciones de vida del colectivo trans en Argentina. Desde 2013, dirigió la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

En cada uno de estos espacios, lo que la caracterizó fue su rebeldía y lucha contra la discriminación, la exclusión y la represión, como ella misma decía. Por esta razón, su historia particular por el reconocimiento de su identidad, se volvió inescindible de la lucha colectiva por este derecho. A principios de 2001 empezó a estudiar para maestra y descubrió que en la lista de los cursantes seguía figurando el nombre de varón y no el que ella siempre les contestaba a los profesores cuando pasaban lista. Ante esta situación de discriminación, presentó la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, institución que resolvió que debían llamarla por el nombre que ella eligiera. El entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, firmó dos decretos para que los sistemas educativo y de salud respetaran el nombre elegido por personas trans. Lohana Berkins impulsó la ley 3062 de respeto a la identidad que la Legislatura porteña aprobó en 2009 e integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, conformado en 2010 por múltiples organizaciones y que impulsó esta demanda a nivel nacional.

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Debido a su perfil no sólo de luchadora, sino también de intelectual es posible pensar a Lohana Berkins como la síntesis de las condiciones teóricas y prácticas que impulsaron con éxito la ley de identidad de género. Por eso, algunas reflexiones respecto a esta norma y sus implicancias pueden funcionar como un merecido, aunque acotado, homenaje.

La ley 26.743 de Identidad de Género fue sancionada por el Congreso argentino en 2012, producto de la activa militancia del movimiento de minorías sexuales en defensa de los derechos de las personas trans. Entre los muchos avances que significó esta ley, podemos destacar los siguientes: posibilita la reasignación del sexo registral (F o M en el documento de identidad), sin que sea obligatorio ningún sometimiento médico invasivo (como escasamente podía conseguirse por vía judicial), y garantiza la cobertura gratuita de los tratamientos de readecuación de cuerpos en los casos que se soliciten. De este modo, queda contemplada la definición que dio Lohana Berkins, en una entrevista de Canal Encuentro, sobre qué es ser travesti: “es la prueba viviente de que alguien que nació con determinada genitalidad, se puede construir en otra identidad”.

La ley en cuestión establece que toda persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género. Define este concepto como una vivencia interna e individual, que puede o no coincidir con el sexo que se le asignó al nacer. En la práctica, esto implica que la persona pueda exigir la modificación del nombre, imagen y sexo que figuran en los instrumentos que prueban su identidad (DNI, partida de nacimiento, trámites de todo tipo, etc.).

Hasta la sanción de la ley en 2012, los pedidos para acceder a los cambios del sexo y nombre en los registros y documentos oficiales debían resolverse necesariamente con la presentación de una acción judicial. Dado que el transexualismo existía como categoría médica –en tanto trastorno psiquiátrico-, ciertos jueces autorizaron los reclamos en los casos que los demandantes ya se habían realizado la cirugía de reasignación genital (o se comprometían a realizarla) y si se probaba mediante pericias psiquiátricas y médicas invasivas, tanto el diagnóstico como que la persona se ajustara a las formas físicas, de habla y conducta características del género que reclamaba. Esto en la medida que se basaba en una concepción biologicista de la relación entre sexo y género. En otras palabras, en la suposición de la existencia natural –dada por la portación del aparato genital– del sexo (hombre o mujer) y, con ello, la búsqueda de su correspondencia con el género masculino o femenino. Toda no correspondencia buscaba ser normalizada y subsumida a la categoría antes presentada. En cambio, la actual ley establece que en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

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Esto en la medida que sus fundamentos también son otros. Si hasta la ley el basamento era biologicista, en ésta se lee que la dicotomía varón/mujer constituye, más que una realidad biológica, una realidad simbólico-cultural. Los debates actuales sobre los estudios de género (enmarcados en lo que se conoce como teorías queer) cuestionan la sola posibilidad de afirmar que exista realmente una distinción entre el sexo (entendido como aquello dado por naturaleza) y el género (entendido como construcción social). Esto en la medida que la propia sexualización de los cuerpos, es decir, la clasificación de los cuerpos en sexos, es inseparable de determinado sistema de normas de género. Por ello, el género no opera como una inscripción cultural sobre un sexo natural, dado, inmodificable, sino que la matriz de normas de género define los cuerpos posibles. Lejos de ser el género algo que se aplica a un sexo ya existente, entre ambos se da una influencia recíproca. Esto desecha el postulado de que deberían corresponderse el sexo y el género de una persona.

Lejos de ser una disputa meramente teórica, como bien señaló Lohana Berkins, “la cuestión de la identidad para nosotras no es meramente una cuestión teórica, sino que en la práctica se convierte en una circunstancia que permite o impide nuestro reconocimiento subjetivo, nuestro goce o nuestra exclusión de ciertos derechos”. Contra el paradigma normativo preexistente, que estigmatizaba y consideraba los casos de travestis, transexuales e intersexuales como una enfermedad mental o aberración moral, la ley reconoció los derechos civiles del colectivo trans. A su vez, se propuso resolver la distorsión de sentido que implica el hecho de que el modo en el cual nos identificamos sea diferente –e incluso opuesto–  al modo en el cual nos entiende, identifica y clasifica gran parte de la sociedad, las instituciones jurídicas, los sistemas educativos y de salud, etc. Esta no correspondencia, en las vivencias cotidianas, entre la autopercepción y la percepción externa tiene como consecuencias directas la angustia, la falta de reconocimiento y la violación a la dignidad, entre otras.

A pesar de constituir un innegable avance, ser travesti, transexual o intersexual en Argentina aún implica ser objeto de prácticas de persecución, represión, discriminación y exclusión social. Por esa razón, el movimiento LGBTIQ -Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers- exige fervientemente en la actualidad que se sancionen leyes e implementen políticas públicas antidiscriminatorias y de cupo, que amplíen las oportunidades y sostengan en la práctica mecanismos que combatan la violencia machista presente en los numerosos casos de transfobia y travesticidios, perpetuados no sólo por particulares, sino también por las fuerzas estatales.

El reconocimiento normativo de la identidad de género no opera como una simple conquista cultural, sino que implica un nuevo ordenamiento en la redistribución de los bienes simbólicos y materiales. Del modo en el cual entendemos aquello que es aceptable e inaceptable y, en función de eso, permite un mayor desarrolló al antes excluido. La importancia de esta ley radica en que amplía el horizonte de posibilidades, habilita nuevos sentidos y permite concretarlos a través de reasignaciones registrales de sexo que re-nominan a las personas.  Desde el momento de su aprobación, las personas que cambiaron su sexo, su nombre y su foto en el DNI, así como en otros correspondientes registros, superan la cifra de 4775 según registró la FALGBT -Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans- a fines de 2015.

Sin lugar a dudas, Lohana Berkins ha sido una luchadora de las indispensables, especialmente por haber sido pionera en la lucha por la identidad de género. Ayer, a un año de su muerte, se realizó en Plaza de Mayo la Jornada Cultural Lohana Berkins, cuya convocatoria en su conmemoración llamó a llenar “la Plaza del Pueblo de mariposas con frases, de flores, de color con toda la pasión y locura de nuestra furia travesti”.

* Paloma Dulbecco es licenciada en Ciencia Política y becaria doctoral por CONICET del área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani