Lula y el termómetro para las fuerzas progresistas en América Latina

El próximo miércoles 24 de enero, el Tribunal Regional Federal de la 4ª región de Brasil, ubicado en Porto Alegre, dictaminará sobre el futuro de la candidatura a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero en ese mismo gesto, pondrá a prueba la capacidad de resistencia de un conglomerado de fuerzas progresistas en toda América Latina que ven en la figura de Lula una brisa de aire fresco para las aspiraciones de recomponer fuerzas, en un contexto de clara hegemonía de gobiernos que de manera simplificada podemos tildar como de derechas en todo el continente.

La sentencia que se conocerá el próximo día D, el 24 de enero, es en realidad un fallo en segunda instancia, producto de la apelación a un primer veredicto que encontró al expresidente culpable de usufructuar un departamento triplex en Guarujá, que jamás pudo comprobarse que estuviera a su nombre, dicho sea de paso. Esta sentencia, dictaminada por el ya a estas alturas conocido juez Sergio Moro, condena a Lula a 9 años y 6 meses de prisión. Resulta gracioso volver a decirlo, sobre todo cuando el presidente del tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, afirmó antes de que el proceso llegara a su tribunal que el caso era “técnicamente irreprensible”[1]. Cabe añadir que los jueces para la apelación son elegidos por el poder ejecutivo. Todo se reduce a un intento: que esta vez la farsa no se convierta en tragedia.

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No vamos a ahondar en ello, porque hay múltiples artículos, opiniones y declaraciones que reconocen, incluso del análisis pormenorizado de las piezas acusatorias de los propios fiscales, que no existen pruebas materiales contra Lula. Lo único que aparece para condenarlo es la declaración de un ya condenado a 23 años de prisión, que como consecuencia de la normativa vigente en Brasil, podría ver reducida su condena o incluso ser liberado a partir de la acusación contra Lula.

La actuación de los jueces y fiscales involucrados en el caso ha mostrado sobradas pruebas de arbitrariedad, así como de partidización y selectividad en su desempeño. Ni siquiera han sido garantizados el derecho a un juicio justo y un debido proceso legal, consagradas por pactos y tratados internacionales de derechos humanos. El juez Moro, por solo citar un ejemplo, ha filtrado deliberadamente a la prensa audios de conversaciones entre el expresidente y Dilma Rousseff, cuya ilegalidad fue reconocida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, pero ello no redundó nunca en el apartamiento, suspensión o punición alguna del susodicho. La imparcialidad, aunque al menos sea impostada para las cámaras de televisión, brilla por su ausencia. Como dato de color, podemos agregar que el juez requirió tan solo una semana para analizar una causa que cuenta con más de 250 mil páginas actualmente.

No puede entenderse la persecución al expresidente fuera del proyecto que contribuyó a marginar a Dilma Rousseff de su cargo, principalmente por el hecho de que si bien el gobierno de Temer, sostenido por una coalición conservadora en el Congreso, logró imponer una serie de reformas regresivas basadas en el recorte del gasto público y de derechos adquiridos, no logró materializar la construcción de una alternativa que en la arena electoral pueda disputar la aprobación mayoritaria que tiene la figura de Lula. Lula es sin dudas —y esto queda avalado por los sondeos de las consultoras y medios más opositores a su figura, como la Red O Globoel candidato que mayor popularidad tiene en todo el país de cara a las elecciones. Muy lejos de él, lo secunda un exmilitar fascista a quien jocosamente los medios denominan el Trump brasileño. El panorama es oscuro.

La sentencia del tribunal este miércoles es la única verdadera jugada política con probabilidades de éxito a la que apuesta el conservadorismo brasileño para mantenerse en el poder, porque al bloquear directamente la candidatura de Lula en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, el Partido de los Trabajadores tendría un duro e impredecible trabajo a contrarreloj para favorecer un sucesor que sea tan atractivo como Lula para el pueblo brasileño.

Probablemente la alianza política más fuerte que exista hoy en Brasil es aquella que alberga a figuras del poder judicial, legisladores y grandes redes de medios para descabezar al único digno rival en la disputa por el poder.

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Mientras todo esto pasa, el Estado de derecho y la propia democracia en Brasil son lacerados. No solo Lula es perseguido, también lo son luchadores sociales con menor relevancia y notoriedad, cuyas voces son acalladas y sus organizaciones criminalizadas por pelear contra el recorte de derechos. Si Lula fuera condenado, estas afrentas se coronarían con el virtual impedimento de que una mayoría popular pueda elegirlo y erigirlo como Presidente de la República. Por si hiciera falta aclararlo nuevamente: tras dos años de investigaciones no hay aún evidencia de que el expresidente cuando ejerció sus funciones estuviera al tanto del esquema de corrupción denominado Lava Jato al que se lo liga mediáticamente. Mucho menos evidencia de que por acción u omisión estuviera vinculado a él.

Esta caza de brujas debe dejarnos una lección a todas las fuerzas progresistas que reclamamos por un debido proceso y garantías mínimas a todo acusado: la ola conservadora que ha tomado el control de varios de los países claves de América Latina no tiene ninguna pretensión de mantenerse en los canales de lo que habitualmente concebimos como democracia o Estado de Derecho. En el caso de Lula, podemos bien decir que para invalidar su candidatura vale todo. Porto Alegre puede no ser la última parada en este derrotero de ataques. También se vislumbra la postergación de las elecciones, por ejemplo. Debemos dejar de situarnos en el ingenuo lugar de reclamar reactivamente por los derechos no respetados y las garantías atropelladas. Si la persecución de Lula es política, no cabe pensar en clave de los procesos jurídicos incumplidos, cabe derrotarla en el terreno de la política. Teniendo bien presente que la actual persecución a Lula y al Partido de los Trabajadores pone en tela de juicio necesariamente el futuro de la democracia sustantiva y no solo procedimental o jurídica.

[1] http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,sentenca-que-condenou-lula-vai-entrar-para-a-historia-diz-presidente-do-trf-4,70001925383