PROGRESAR: de la lógica de la democratización a la lógica de la meritocracia

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En el año 2006 se modificó la Ley Federal de Educación (nº 24.195) promulgada en 1994, para ser reemplazada por la Ley Nacional de Educación (nº 26.206) en la cual se declara en su artículo segundo que “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Este breve pero potente artículo comporta una transformación radical en las concepciones previas, que inscribían a la educación en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y como tal, era concebida como un servicio, es decir, un  bien transable en el mercado, y en consecuencia movido y determinado por sus lógicas. Modificar el marco de inscripción de la educación y el conocimiento, y moverlos hacia una lógica de derechos conlleva  una serie de transformaciones en la comprensión de las funciones y las responsabilidades de un Estado, que aparecen siempre traducidas en el nivel de las políticas públicas. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo: la obligatoriedad del nivel medio y más tarde, del nivel inicial a partir de los 4 años, con la intención de incorporar a los niños y las niñas en el sistema educativo, sabiendo que su ingreso temprano posibilita, en muchos casos, la finalización de los estudios; el Programa Conectar-Igualdad, que tenía por fin ampliar la inclusión tecnológica; una serie de políticas de Estado dirigidas a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, entre ellas, la creación del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, el Programa Raíces que se abocaba a la repatriación de los científicos y tecnólogos que se radicaron en el exterior ante la imposibilidad de desarrollar sus actividades en el país y a la cooperación internacional en el intercambio de conocimientos, como también el Plan Argentina Innovadora 2020, que fijaba los objetivos a corto y mediano plazo de una ciencia que habilitara la industrialización del país y expandiera los horizontes de la soberanía nacional; la expansión universitaria que hizo posible, con la creación de 19 Universidades, contar con Universidades públicas, gratuitas, de calidad y cercanas, logrando así que personas antes excluidas del sistema universitario pudieran acceder, por primera vez, a sus estudios superiores; y con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso se generaron diversos dispositivos que permitieran a la ciudadanía ejercer su derecho a la educación y al conocimiento, como PROGRESAR y los Programas de Becas Nacionales Universitarias y del Bicentenario. Todo esto, entre otras cosas, porque el acceso a la educación, la permanencia y el egreso, y también ser beneficiado por los conocimientos que producen nuestros científicos y científicas es un derecho que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar para todos y todas. Aquel gobierno que, en el ejercicio del poder, no garantice estos derechos se encuentra incumpliendo una ley nacional.  

“El objetivo de PROGRESAR era garantizar el ejercicio del derecho a la educación y el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas que así lo deseen, intentando alcanzar una cobertura universal de este derecho; y es por eso que sus requisitos no tenían que ver con el rendimiento que cada uno tuviera en su trayectoria académica.”

En los últimos días se dieron a conocer modificaciones en el Programa PROGRESAR llevadas a cabo por el gobierno a cargo de Mauricio Macri. Como punto de partida, cabe señalar que PROGRESAR fue creado en 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y consistía en un respaldo económico otorgado por el Gobierno Nacional, destinado a aquellas personas que tuvieran entre 18 y 24 años, que se encontraran desempleadas o contaran con un trabajo formal o informal y no alcanzaran el salario mínimo, vital y móvil. Los requisitos para recibir dicho respaldo eran poder demostrar la insuficiencia de ingresos y acreditar una constancia de alumno o alumna regular de una institución pública, del nivel que se estuviera transitando. Se lograba de esta manera una  protección social amplia desde el embarazo con la Asignación Universal por embarazo, luego con la Asignación Universal por hijo, y por último con PROGRESAR, que generaba contextos de inclusión para millones de personas. Ahora bien, ¿cuáles son las modificaciones que implementó el macrismo en el Programa PROGRESAR? Y por lo tanto, ¿qué concepciones se cristalizan en estos cambios?

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Bajo el argumento de ampliar y mejorar las “Becas PROGRESAR” incrementando los montos y generando nuevos incentivos, se introdujeron nuevos requisitos para el acceso al Programa. Entre ellos encontramos, en primer lugar una segmentación de perfiles que diferencia entre niveles educativos y objetivos académicos con una consecuente diferenciación en los montos percibidos por los beneficiarios y beneficiarias. De tal manera, observamos que las becas para los niveles obligatorios son de $1250 y para percibirla es preciso aprobar todas las materias del año en curso,  acreditar el pase del año  y certificar la regularidad como alumno o alumna en la institución en la que se realiza la cursada. Si se solicita una beca para estudios de nivel superior, en cambio, los montos se elevan desde los $1600 hasta los $4900, aumentando en la medida en que se avance en la cursada de la carrera, aunque si ya se es estudiante en el momento de pedir la beca, se tendrá que acreditar el 50% del plan de estudios de la carrera elegida. En este “perfil” encontramos también la incorporación de un “estímulo a la excelencia”, que resulta muy significativo. Se trata de un reconocimiento económico para quienes aprueben todas las materias del año en curso y obtengan un promedio superior a 8. Estos cambios se pueden analizar, por lo menos, desde dos perspectivas. Por un lado, se deja ver el recorte económico que subyace en los montos actualizados por el Gobierno, que mantuvo congelados durante dos años y que aun aumentando un 48, 15% significa una pérdida del 17% del poder adquisitivo de la beca, dado que no puede alcanzar a la inflación acumulada desde diciembre de 2015. Pero es posible también analizar esta medida desde otra perspectiva, sin por ello intentar sustituir ni excluir a la anterior, sino solamente robustecerla. Es que, esta fragmentación en los perfiles y en los montos, y estos nuevos requisitos que vinculan directamente el rendimiento académico con el monto percibido, traen consigo una concepción de la educación orientada a la competencia, el mérito y como resultado, el éxito de unos pocos. En suma, competencia, mérito y éxito de unos pocos: los tres elementos típicos de cualquier proyecto político de carácter neoliberal, que precisa un Estado carente de su responsabilidad como garante de derechos. Si el primer PROGRESAR estaba destinado a personas que se encontraban con dificultades para sostener los estudios y por tanto, con el fin de contribuir a su concreción, el Estado garantizaba un respaldo económico; el PROGRESAR del cambio, impone una lógica restrictiva en el acceso a la educación, jerarquizadora en sus resultados y en consecuencia, excluyente de los sectores de mayor vulnerabilidad. El objetivo de PROGRESAR no era fomentar la excelencia académica ni el incentivo al estudio en áreas estratégicas. Para dichos objetivos existían otras becas (el caso del Programa Nacional de Becas Bicentenario, destinado a estudiantes de ingenierías, ciencias básicas, aplicadas, naturales, exactas y enfermería y el Programa Nacional de Becas Universitarias, para otros campos de estudios). El objetivo de PROGRESAR era garantizar el ejercicio del derecho a la educación y el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas que así lo deseen, intentando alcanzar una cobertura universal de este derecho; y es por eso que sus requisitos no tenían que ver con el rendimiento que cada uno tuviera en su trayectoria académica.

“Es que esta fragmentación en los perfiles y en los montos, y estos nuevos requisitos que vinculan directamente el rendimiento académico con el monto percibido, traen consigo una concepción de la educación orientada a la competencia, el mérito y como resultado, el éxito de unos pocos.”

Es sencillo concluir que el Programa PROGRESAR se encontraba inscripto en el marco del derecho universal a la educación y el conocimiento, tal como lo dicta la ley y que sus modificaciones no solo incumplen la Ley Nacional de Educación, en la medida en que el Estado en la actualidad no se encuentra garantizando el derecho a la educación y el conocimiento de las mayorías, sino que también traen como consecuencia el recorte de derechos que generaban mayor inclusión e igualdad, contribuyendo a la construcción de una comunidad política sostenedora de sus integrantes. Esta medida, y otras como el recorte en los presupuestos a las Universidades Nacionales, el ajuste en el Conicet y los despidos en el INTI podrían ser comprendidas si en una revisión global se observa cómo en los últimos dos años, nuestros derechos van adquiriendo otras lógicas y dinámicas, dejando de lado con cierta rapidez su carácter democrático, inclusivo e igualitario, para convertirse en privilegios, restrictivos en su acceso y excluyentes en su cobertura.