¿Para qué reducir la edad de responsabilidad penal? – Gonzalo Manzullo

Durante esta última semana, y con una intención que parece ser puramente electoralista, se reavivó el debate por iniciativa del gobierno respecto a la forma de encarar un reclamo que no es nuevo y cuyos efectos se potencian, a la vez que se amplifican por vía de las cámaras televisivas: la cuestión de la inseguridad.

Fue así que todas las miradas se posaron sobre las declaraciones de Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue él quien indicó la intención del gobierno nacional de poner en agenda y discutir una mal llamada “baja a la edad de imputabilidad”. La intención del gobierno, en principio, es hacer punibles los delitos cometidos por jóvenes desde los 14 años en lugar de los mayores de 16, tal como lo estipula una de las más nefastas normativas impuestas por la última dictadura cívico-militar, pero no la única que rige para nuestro país.

El debate al respecto de reducir o no la edad de responsabilidad penal no es para nada novedoso. Incluso podríamos afirmar que se trata de una cuestión que en forma pendular emerge en contextos electorales.

Ante ello, sentimos la necesidad de poner en claro varias premisas básicas para dar el debate:

La primera de ellas es apuntar que reducir el inmenso problema de la seguridad y la delincuencia a la propuesta de una baja de la edad de punibilidad resulta como mínimo acotado si no errado. Decimos esto porque, según estadísticas recientes, los casos de delincuencia graves y en particular el número de homicidios en los que tienen participación los jóvenes en nuestro país es estadísticamente bajo en los últimos años. Por citar sólo un ejemplo, en 2008 sólo 17% de los menores de 18 años privados de libertad por causas penales eran menores de 16 años[1]. Según los informes del Ministerio Público del primer semestre de 2010, la participación de jóvenes en delitos graves es, por ser diplomático, baja (16%) como se ve en el cuadro que sigue.

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Fuente: SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público) 1° semestre 2010

Una muestra más, miremos las investigaciones penales preparatorias -causas que comenzaron para dirimir la culpabilidad respecto a delitos- iniciadas en ese mismo período:

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Fuente: SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público) 1° semestre 2010

Volvemos a confirmar una participación juvenil escasa. También podemos mirar su progresión, que hasta el 2011 fue en el sentido de la disminución del delito juvenil. Según la misma fuente, entre 2007 y 2011 los casos de jóvenes con imputación o condena penal pasaron de 1800 a 1500. Para más, en el 2011 los datos siguen este mismo patrón de participación por parte de menores de 18 años: si sumamos los casos de homicidio de todo tipo cometidos en ese año, de un total de 1378 casos, solo participaron menores de 18 años en 76 de ellos (5.83%).

Con esto queremos mostrar que atacar la delincuencia juvenil y en especial la participación de menores en delitos graves significa tomar una parte mínima del problema de la delincuencia: según datos públicos del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema dirigido por Matías Bailone, en 2012 solo el 1 por ciento de los homicidios en la Capital Federal y el 2 por ciento en La Plata y el Conurbano fueron cometidos por menores de 16 años. 

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Si aún quedara alguna duda, podemos tomar estadísticas del mismo organismo, correspondientes al año 2015 y referidas a la provincia de Buenos Aires-lugar donde se concentra la mayor cantidad de homicidios- para allí ver el porcentaje mínimo de menores involucrados en delitos por Departamento Judicial[2]

Aclarado el problema de tomar la parte por el todo, pasemos a preguntarnos si hay o no razones para pensar que una baja de la edad de punibilidad puede resolver el problema de la delincuencia juvenil.

No podemos dejar de decir desde el vamos, que una perspectiva de reducción del delito basada en el castigo sobre quien delinque, que podemos denominar “punitivista”, tiene la característica de enfrentar el problema a posteriori, con lo cual actúa con la sanción ante el hecho ya consumado. En ese sentido llega tarde por definición, y siempre que sea considerada la única acción al respecto, no favorece una reducción de la delincuencia más que por la vía de la sanción ejemplificadora, cuya eficacia es dudosa[3]. Mientras tanto, desatiende el aspecto de la prevención, mucho más importante para atacar un problema desde sus raíces en lugar de actuar cuando estalló frente a nuestras narices: tal como sucede en cuestiones de salud y pobreza -por sólo mencionar algunas- son sobrados los ejemplos de estudios especializados que evidencian un abordaje más efectivo del problema desde la prevención que desde la sanción posterior.

Incluso si se diera el caso de enfrentarnos a una participación mayoritaria de los jóvenes en los delitos graves en el país –caso contrario al actual-, resulta acotada y hasta anacrónica una respuesta basada en la acción estrictamente penal, sabiendo que las condiciones de vulnerabilidad sanitarias, económicas, habitacionales –por mencionar solo  las más importantes- son las que favorecen la participación de jóvenes y adultos en el delito. Esto significa que ceñir la respuesta al delito juvenil sólo a la perspectiva del combate por la vía judicial y penal sin ofrecer una respuesta integral al problema es una ingenuidad manifiesta.

La prueba evidente de ello la brinda una comparación rápida para ver correlaciones negativas entre los niveles de delincuencia y homicidios en América Latina[4] y las edades de punibilidad en ellos[5]. No sólo la tasa de homicidios no bajó sino que es más alta donde la edad de responsabilidad penal es más baja.

Teniendo en cuenta los homicidios por país, si miramos hacia las edades en que un joven puede ser tratado por el sistema penal en los países del cuadro que citamos más arriba no se observa que aquellos con los índices más bajos de homicidios posean una normativa que juzgue a los jóvenes desde más pequeños. Por sólo mencionar algunos, Chile resulta paradigmático junto con Bolivia, Paraguay y Perú entre los casos que rechazan la utilidad de una baja de la edad de responsabilidad penal.

Quizás por ello es que UNICEF[6] junto a expertos en criminalidad -entre ellos encontramos los valiosos aportes de más de una década dedicada al trabajo en criminalidad realizados por CEPOC- se han pronunciado por la necesidad de desistir en la reducción de la edad de responsabilidad penal y por el contrario establecer las condiciones que den las garantías irrevocables que como ser humano debe gozar cualquier joven que cometa un delito.

Tampoco hay argumentos que justifiquen una reducción de la edad penal disminuyéndola de 16 a 14 años mientras la Convención sobre los Derechos del Niño sancionada internacionalmente indica que los 18 años es el límite atravesado a partir del cual un niño pasa a ser sujeto de todos los derechos inherentes a su condición de persona y la Ley de Ciudadanía Argentina (ley 26.774) fija en 16 años la edad a partir de la cuál una persona goza de “todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República”.

Frente al argumento de actualizar una normativa que se estableció durante la dictadura militar que vivió nuestro país, podemos afirmar que ella no es la única normativa al respecto existente: están vigentes también la Convención sobre los Derechos del Niño -nuevamente el gobierno actual desconoce legislación internacional, tal como en el Caso Milagro Sala- y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), que sumados a los tratados internacionales de DDHH podrían ser la fuente a la cual recurran hoy los jueces para hacer su labor ante delitos cometidos por menores de 16 años. Pero en cambio quienes juzgan, se amparan en la interpretación restrictiva de una medida vetusta impuesta por un gobierno de facto, ejerciendo una privación de la libertad de los menores a través del recurso a la figura de la tutela que se prevé en la normativa. De ese modo invierten un recurso dispuesto para proteger sus derechos en el proceso de juzgarlos. Podemos ver que aquí el problema no es ni la falta de normativa, sino la voluntad política de hacer cumplir la existente.

Tal como lo consigna la Constitución Nacional, la privación de la libertad, implicada por un enfoque punitivista del problema de la delincuencia, no apunta originalmente al castigo sino a la preparación adecuada para la vida en libertad, invirtiendo por ello el espíritu de la herramienta.[7]

En último lugar, queremos señalar que es incorrecto el argumento de que la garantía de los derechos correspondientes para menores de 16 años -hoy vulnerada por la interpretación de los jueces de la normativa existente- pueda alcanzarse con la creación de un régimen penal juvenil, especial y separado del de los adultos para los menores de 16 años. La garantía de esos derechos está consignada para todas las edades por la normativa existente, eso significa que no es necesario incluir a los menores al sistema penal para garantizarlas. Más aún, cuando nuestro actual sistema funciona más como una picadora de carne que como un dispositivo de reinserción social.

En las cárceles del país han trascendido numerosas denuncias de tortura a los internos como así también la falta de otras garantías fundamentales para toda persona. Si la propuesta es abordar la delincuencia juvenil con un régimen penal especial, no hay motivo para pensar que los jóvenes con garantías penales se verán menos vulnerables a los abusos de los establecimientos de reclusión que los presos adultos.

Tengamos en cuenta que la respuesta punitivista implica un desarraigo del joven y una privación de su libertad, toda vez que ella no sea complementada con una postura activa del Estado para proveer canales alternativos a la delincuencia para los sujetos; no hay perspectivas de que la marginación por la vía penal dé solución a la delincuencia instigada por una sociedad que excluyó inicialmente al sujeto de los medios para una vida digna.

Sabemos que en el sistema penal recaen aquellos individuos más vulnerables, intermediarios de una red delictiva que los supera y los utiliza del modo más perverso. Los jóvenes a su vez, son el eslabón más débil de la cadena delictiva. Por tanto, la primera pregunta que deberíamos hacernos no es, entonces, si debemos incluir más o menos delincuentes en ese sistema, sino si aquel sistema hace algo para corregir sus rumbos. Sobre todo, cuando ese sistema penal deja huellas imborrables en aquellas personas que transitan por él y no hace más que marginarlos aun más del resto de la sociedad por la vía de la estigmatización. Entonces no hay razones para pensar que si el gobierno actual y más aún el Estado que hoy tenemos no puede realizar una labor eficaz para lograr la reinserción y disminuir la reincidencia a través de las instituciones de encierro que hoy posee, podrá lograrlo creando nuevas instituciones y regímenes para menores.

Mientras tanto, nuestra respuesta a la pregunta de qué hacer con los menores de 16 años que delinquen hoy es enfocarnos como Estado de manera integral para buscar las causas que provocan que ellos dañen o roben en lugar de disfrutar de su tiempo jugando, estudiando. Acercarse al círculo familiar y a la comunidad que interactúa con él y es responsable por ese menor es el primer paso. Es la ausencia del Estado en otras dimensiones fundamentales la que genera esa situación: la falta de techo, escolaridad, comida, etc. Y se trata de un abandono que nunca puede solucionar el castigo y la reclusión sin más, sin reparar en aquello que le faltó a los sujetos en primera instancia.

 

[1] Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero realizada en 2008 sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años. Disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/Adolescentes_en_el_sistema_penal.pdf

[2]https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20FRPJ%20Totales%202015.pdf

[3] Sólo por citar un ejemplo, se verificaron 82 muertes por causas violentas y/o dudosas en lugares de encierro durante 2009, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos

[4]http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015

[5]https://infogr.am/84b608aa-a77d-497b-a894-3582106c1cd5

[6] Pronunciamiento de este mismo año al respecto donde, entre otras cosas, se pide que no disminuya la edad de imputabilidad: https://www.unicef.org/argentina/spanish/Posicionamiento-Justicia-Penal-Juvenil2017.pdf

[7]Ver más en: https://www.spf.gob.ar/file/user_files/6163La_preparacion_para_la_libertad_-_Sergio_Jacomella.pdf