¿Qué significa “bajar los costos laborales” para el macrismo? – Gonzalo Manzullo

Desde su llegada al gobierno, hemos oído repetidas veces a exponentes de Cambiemos tomar la palabra para consignar la necesidad de “reducir los costos laborales”. Tales dichos no se arrojan sobre el vacío, sino que aparecen en un contexto donde ya se ha cristalizado una correlación de fuerzas sumamente favorable para el Poder Ejecutivo Nacional luego de las elecciones legislativas de octubre. Pero también, esos dichos aparecen contiguos a abiertas manifestaciones orientadas hacia el rechazo de un conglomerado de mafias: las mafias sindicales y la mafia de los juicios laborales son dos de los chivos expiatorios que aparecen junto a esta decidida intención por abaratar los costos laborales. Se trata de los dos principales ladrillos sobre los que se monta la iniciativa del Ejecutivo. Esto significa que no hay posibilidad de traficar una reforma laboral en nuestro país sin antes hacer un doble ejercicio: deslegitimar la justicia laboral por ser históricamente favorable al trabajador consignando ello un abuso frente a los empresarios; y cuestionar la representatividad de los líderes sindicales, como también de sus reclamos.

Es necesario aclarar el contexto de producción de esta frase “bajar los costos laborales” para poder entender sus verdaderos alcances. La semana pasada se conoció un borrador entregado por Triaca a abogados de sindicatos y empresarios que sería el anteproyecto de una posible ley. El mismo contiene 12 títulos y 36 capítulos. Es decir que cuando se habla de “bajar los costos laborales” no se hace referencia a una intervención puntual en la legislación laboral, sino a un conjunto de iniciativas que dan forma a la expresión de deseo contenida en esa frase.

Lo que se esconde detrás de la frase es una verdadera reforma al mundo del trabajo como hoy lo conocemos en Argentina.

La letra

El anteproyecto propone considerar a trabajador y empleador en pie de igualdad, soslayando la inequidad que significa para los trabajadores no poseer los medios de producción y que se consigna en la actual Ley de Contrato de Trabajo en su artículo número 19. Esto contradice a su vez la jurisprudencia laboral argentina que históricamente se ha pronunciado en favor de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, a causa de su mayor debilidad. Adicionalmente propone reducir el plazo actual de dos a un año para realizar demandas por desempleo.

Además, socava la Ley de Contrato de Trabajo y los derechos que garantiza el convenio colectivo de trabajo porque permite a trabajadores y empleadores negociar condiciones de trabajo inferiores a las que homologan los dos primeros.

Elimina la responsabilidad de las empresas principales en los casos de juicio por tercerización, al tiempo que crea una nueva figura de contratación por fuera de la ley actual orientada a favorecer el empleo joven. Este esquema aparece como la promoción de pasantías negociadas individualmente de 30 horas semanales (extensible a 40 en total) por el plazo de hasta un año. Pero de ser avalada, es un nicho perfecto para esconder el trabajo precarizado al margen de la ley, fomentando trabajo inestable y mal remunerado. También asoma la figura del trabajador autónomo -pero- económicamente dependiente que oculta una relación laboral dependiente y estable por medio de la registración monotributista.

Garantiza un cálculo de indemnización menor al actual para cada trabajador, a partir de limitar la base del cálculo al salario obviando el aguinaldo, las horas extras y bonificaciones que pudieran existir (como el presentismo).

La jornada de trabajo se altera a través de la introducción de un “banco de horas” para promediar las horas extra a la jornada pactada, permitiendo que el trabajo extraordinario se remunere como si fuera ordinario.

Establece una rebaja de aportes patronales que impacta directamente en la cantidad de dinero que las generaciones actuales y futuras de trabajadores dispondrán para su jubilación, mientras que como contrapartida no establece obligaciones determinadas de contratación de nuevos trabajadores ni promesa de no despedir a los empleados en el presente.

Como frutilla del postre, el anteproyecto prevé también la creación de un fondo de desempleo con aportes de patrones y trabajadores. Esto significa que virtualmente cada trabajador pierde salario para financiar su eventual despido mientras se reducen sus posibilidades para reclamar ante el fuero laboral por esa causa, sumado a que su empleador pagará menos para financiar su jubilación.

La comprensión

Tal como dijimos inicialmente, no podemos comprender este texto sin su contexto. Y la frase da en la tecla para hacerlo. Sólo es posible proponer una reforma laboral que altera consensos básicos e históricamente conquistados por los sindicatos en Argentina si pensamos que trabajadores y empleadores se hallan en pie de igualdad. Del mismo modo, solo se puede pensar esta reforma laboral si pensamos que el sueldo del trabajador es meramente un “costo” como cualquier otro para cada empresario o empleador en lugar de reconocer que su fuerza de trabajo es el elemento esencial e insustituible para que la empresa funcione. El rompecabezas alcanza su máximo sentido si estrechamos tanto las miras como para concebir la injusta labor de la justicia laboral que históricamente favorece a los trabajadores – siempre pensados en pie de igualdad frente a empresarios- y la extorsión mafiosa de líderes sindicales que se rigen por cuestiones político-partidarias para orientar sus reclamos y/o son ladrones seriales que no representan las reivindicaciones ni voluntades de los trabajadores de base.

La estrategia

Es precisamente el accionar de la justicia laboral y la penetración del modelo sindical clásico -uno de los mayores legados del primer peronismo- como herramienta de articulación de los trabajadores para defender sus derechos los que explican que el paradigma del trabajo este estrechamente asociado a los derechos de los empleados. Sólo volteando estos cimientos es posible revertir el paradigma.

Las precauciones

Llegado este punto, es necesario tener presente la complejidad y la particularidad de la actual situación para no caer en reduccionismo simplificadores. Es decir, no podemos darnos el lujo de afirmar con soltura que porque uno de los puntos del borrador de reforma laboral propone reducir los aportes patronales nos situamos ante perspectivas, intenciones y desenlaces posibles idénticos a los de la crisis económica de diciembre del 2001.

Tampoco porque el sindicalismo como institución sea abiertamente atacada podemos desconocer la existencia de algunos elementos en su cúpula dirigencial que desde hace más de dos décadas nos enseñan sobre cómo hacer piruetas para negociar condiciones laborales a la baja sin perder -todavía- sus atriles.

No debemos caer en la trampa de pensar una reforma laboral anclada al problema de “bajar los costos laborales”. De lo que se trata es de comprobar si habrá mas o menos derechos para los trabajadores y trabajadoras.