Sobre el liberalismo político y económico – Franco Castorina

Existe una atmósfera liberal que recorre nuestros diálogos y debates cotidianos acerca de diversos temas: entendemos que la libertad es un valor humano fundamental que es preciso reivindicar y defender tanto frente al Estado como dentro de la sociedad civil. Sin embargo, existe también cierta ambigüedad en la palabra “libertad” que conduce a un confuso empleo del término en el debate político. La aclaración de este equívoco requiere la distinción entre liberalismo político y liberalismo económico a partir de la aclaración de los principios sobre los cuales se asientan uno y otro.

Quizás la confusión tenga sentido en cuanto el fundador del liberalismo político, John Locke, sostuviera en su teoría la defensa de la libertad como derecho natural inalienable y, a la par, la justificación de la propiedad privada como derecho fundamental. Por eso, necesitamos distinguir ambos principios para hacer comprensible su diferencia. En este sentido, el liberalismo político se sostiene sobre la base de la defensa de la libertad como derecho natural irrenunciable. Esto último significa que la libertad es anterior a cualquier constitución política o, dicho de otra manera, que el ser humano es libre por naturaleza, por el solo hecho de haber nacido. Si bien el liberalismo político piensa a la libertad como libertad del individuo, no deja de fundarla sobre la base de la libertad de todos. Esto quiere decir que la libertad del individuo está garantizada en la medida en que esté garantizada la libertad de todos y cada uno de los individuos. Por eso, para el liberalismo político, la garantía de la libertad individual es el resultado de la protección estatal, es decir, el Estado es la institución que garantiza la libertad de todos. Entonces, resumiendo, aunque el Estado es posterior al derecho humano a la libertad, su función esencial es garantizarla, interviniendo allí donde un hombre dificulte el ejercicio de la libertad de otro/s. La libertad, por lo tanto, está delimitada: no es libre albedrío ni derecho a hacer cualquier cosa. El Estado, siempre al servicio de la libertad de todos, ejerce coacción sobre los individuos en aquellos casos en que la libertad de todos se ve obstaculizada.

Por otra parte, el liberalismo económico se asienta sobre dos fundamentos: 1. la protección de la propiedad privada y 2. la necesidad de la libertad del mercado para el buen desarrollo de la economía. Como he señalado, el reconocimiento de la propiedad privada como derecho, exige un Estado que la garantice. Por lo tanto, éste no tiene la potestad de transgredir la propiedad privada de nadie. A esta premisa, se le añade aquella otra que indica que los mercados absolutamente libres son capaces de desarrollar la economía con mayor eficiencia y beneficio para todos. Esta idea, teorizada por Adam Smith, supone que el mercado desregulado conduce al máximo nivel de riqueza, es decir, entiende que existe un orden económico natural que, liberado de la acción del Estado, y sostenido por la libre competencia entre individuos, es capaz de autorregularse. Estamos ante la célebre “mano invisible” que autorregula el conjunto de las relaciones económicas que se dan en el mercado. Aquellos que defienden el liberalismo económico, ven con malos ojos toda intervención del Estado en la economía, pues ésta atenta tanto contra la libertad del mercado como contra el derecho a la propiedad privada de los individuos.

Como puede verse, el liberalismo económico y el liberalismo político se asientan sobre principios que no son idénticos. Ante esto, cabría preguntarse: ¿La aceptación de la libertad como un derecho fundamental del ser humano supone necesariamente la aceptación de la desregulación económica? ¿Es absolutamente cierto que la completa libertad del mercado conduce, en último término, al beneficio de todos? Demos la respuesta que sea, lo cierto es que el liberalismo, económico y político, ponen al individuo por encima del Estado. Sin embargo, el liberalismo político reconoce que el individuo precisa del Estado para garantizar su libertad. Por eso, es falso decir que el liberalismo político se dirige contra el Estado, pues éste reconoce su necesidad: incluso encuentra en el ejercicio parlamentario la vía para resolver las disputas en torno a las diferentes ideas políticas. El liberalismo económico, en cambio, se dirige contra el Estado, busca reducirlo al mínimo, en la falsa esperanza de una autorregulación del mercado a través de sus agentes. Por lo tanto, ser un liberal político no implica necesariamente comulgar con un mercado libre, autosuficiente y autorregulado. Sin embargo, aunque señalemos estas diferencias, no podemos dejar de reconocer que la propiedad privada es un principio que enlaza al liberalismo político con el económico; un principio que vuelve problemático al liberalismo por sí mismo. La positividad del liberalismo político se disuelve en su defensa última de la propiedad privada, bajo la cual se esconden las diferencias sociales.

El problema del liberalismo, en sus dos variantes, es que olvida algo fundamental: la cuestión de la igualdad. Por ello, defender la intervención del Estado en la economía a través de la redistribución de la riqueza, ya sea a través de impuestos o de prestaciones y servicios públicos, o defender la gratuidad de la educación pública, en todos sus niveles, no supone dar el primer paso hacia un Estado totalitario que bloquea la libertad de los individuos. Antes bien, implica comprender que el ideal y la defensa de la libertad sólo es posible si viene acompañada por el ideal, igualmente fundamental, de una igualdad material. En esta tarea, tanto como en la de la libertad, reaparece el Estado como su principal garante.

 

*Franco Castorina es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires.