¿Qué submarino? – Ricardo Laleff Ilieff

Hundido, sumergido o despedazado, nada se sabe del submarino San Juan. Sólo se sabe de una explosión -detectada fortuitamente- de la que, sin embargo, no se conocen públicamente sus alcances, sólo se intuyen. Y con ello basta para que, sumado a cálculos de expertos e inexpertos, resulte casi una utopía encontrar a sus tripulantes con vida. Así se engrosa la lista de tragedias de la historia de un país acostumbrado a lidiar con las tragedias pero siempre -¡y cómo no estarlo!- traumatizado por ellas. Es que el camino parece ser el mismo: se conoce el hecho atroz y nada más. Las preguntas quedan flotando con la esperanza de que las siempre existentes promesas de investigaciones develen la verdad de los hechos. Pero eso pasa a ser una cuestión de fe hacia unos dioses que nunca responden, ni bajo formas misteriosas, ni bajo concluyentes edictos judiciales. Entonces, la verdad adopta el molde de las especulaciones hasta hundirse en los nuevos títulos informativos siempre rutilantes y alarmantes.

En esa saga trágica, el peso no se haya repartido equitativamente entre sus episodios más conocidos, porque no todo es lo mismo porque nada es lo mismo. Esto hace que los adjetivos cambien y las singularidades se detectan más fácilmente. El caso del submarino San Juan resulta una tragedia desde un punto de vista y, sin embargo, no lo es desde otro punto de vista. Es una tragedia por las 44 personas que, en el quehacer de su profesión pública, encontraron un destino aciago y porque sus respectivas familias deben ahora atravesar por el dolor y por los (des) manejos gubernamentales. Sin embargo no es una tragedia si efectuamos un análisis más general, que comprenda ese dolor pero que lo ubique al interior de una película que muestra escenas estructurales e instancias nocivas que rodean al mundo militar. Sobre eso hay mucho para decir y, de hecho, se ha dicho y se continúa diciendo bastante.

Recurrentemente especialistas civiles pretenden instalar -mediante actividades académicas pero también con notas de opinión en los principales diarios y revistas- la discusión sobre el área de la defensa y de los asuntos militares en una democracia como la actual. Es por ello que no es verdad que la defensa sea un asunto sólo de militares, ni de aquellas personas con ánimo belicista o de los civiles “fachos” -que, de todas maneras, indudablemente existen-. Muchos de estos especialistas son los que han alertado, hacia 1990, sobre las presiones para que Argentina dispusiera a sus Fuerzas Armadas en la “lucha contra las drogas” -cuyo fracaso ha sido comprobado a lo largo y ancho del mundo- y son los mismos que ahora alertan ante las simpatías locales de reconvertir el cuidado de la integridad territorial al enfrentamiento contra el “narcotráfico” o el “terrorismo”, como si efectivamente los intereses de las potencias sean los mismos que los de un país periférico como el nuestro, como si los delitos complejos se combatieran con tanques y corbetas, como si los militares estuviesen preparados para ello sólo porque saben “disparar” y como si Argentina, en un consenso demorado pero estable que se dio años después de la re-apertura democrática, no haya previsto entramados institucionales específicos para lidiar con cuestiones de seguridad interior y escapar así de esos flagelos -de público conocimiento- que existieron al abrir y legitimar las acciones castrenses al interior de las fronteras.

Los acontecimientos actuales se cifran al interior de determinados procesos bien humanos e históricamente rastreables, que explican las zozobras de un área de la estatalidad agujereada y agonizante, retraída hacia la oscuridad, condenada a debatirse sólo cuando los tiempos convulsivos la hacen emerger por hechos trágicos -como sucedió, por ejemplo, con el fin del Servicio Militar Obligatorio tras la muerte del conscripto Carrasco-.

Ni las Fuerzas Armadas se conciben ya como el reservorio de la moral y los guardianes del orden del país, ni la sociedad las concibe así. Las razones son múltiples pero no cometemos una generalidad errónea si decimos que la sociedad ya no es la misma que hace 50 años.

Obtenida la subordinación militar a las autoridades democráticas tras el fracaso profesional en la guerra de Malvinas y el descrédito absoluto por los desastres del Proceso de Reorganización Militar, el área de la defensa quedó definida jurídicamente en 1988 con una ley aprobada por el Congreso Nacional y con una reglamentación tardía del año 2006 -dato éste último bastante sintomático- pero no ha sido definida en términos de una política de Estado.

Bajo los distintos gobiernos se hicieron usos muy específicos de la defensa y de su instrumento militar -por ejemplo, Carlos Menem apeló a los organismos castrenses como moneda de cambio en la política exterior bajo la forma de Operaciones de Paz- y se aplicaron, a cuentagotas, ciertas modificaciones sustanciales pero demasiado subsidiarias. En términos institucionales se conservó un paradigma que delega la defensa en las Fuerzas Armadas; fuerzas compuestas por aquellas tres instituciones -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- bien diversas, mutiladas por ahogos presupuestarios, heridas por el desprestigio político y diseñadas con concepciones político-estratégicas de principios del siglo XX. De todas manera, aún así, han logrado cumplir  acabadamente con algunas de las misiones de los últimos años como, por ejemplo, la recurrente Campaña Antártica, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas de Haití o la ayuda a la población en casos de defensa civil tras situaciones de desastres naturales.

Pero hoy en día se trata de instituciones sin forma, con un despliegue territorial anacrónico -que muchas veces no se discute por el pedido de gobernadores e intendentes que no desean que sus pueblos desaparezcan si esas unidades militares cierran o se trasladan-, con escasa comunicación entre sí, con incompatibilidades de doctrina y sistemas de armas y en donde la integración -aquella denominada en la jerga con el neologismo “conjuntez”- aparece como la excepción y no la regla. Las fuerzas armadas administran la escasez y compiten entre sí por ella. Temerosas del poder político, tampoco buscan auto-reformarse -algo que sería una vana ilusión en la historia de cualquier entidad burocrática-. Por su parte, los gobiernos suelen dejar que cada institución cumpla con sus funciones más o menos clásicas sin conducir pro-activamente al área, con un Ministerio de Defensa fantasma, plagado de funcionarios irresponsables que no se rodean de profesionales civiles formados y que tampoco plantean esquemas cooperativos con los uniformados; en suma, sin ninguna voluntad por generar mecanismos de control y de conducción del área a los fines de que no se re-introduzcan vicios militares de otras décadas y particularismos nocivos de larga data.

En la actualidad se impone fracturar un paradigma de la defensa, ese paradigma que reduce la defensa a lo militar, que delega en militares decisiones inderogables y el cuidado de asuntos sensibles, que se sustenta en sub-culturas organizacionales que deben ser reformadas a los fines de insertarlas en un esquema que haga que los militares operen bajo estándares regionales, que puedan involucrarse cooperativamente con otros países sudamericanos, que efectúen la cotidianidad de su labor con los medios necesarios, que puedan proteger y cuidar la integridad territorial y los recursos naturales de acuerdo a las especificaciones de las autoridades democráticas.

Resulta así evidente que lo del submarino San Juan no es una casualidad ni una tragedia. En estas semanas de interrogantes, algunas de las cuestiones aquí señaladas se ven expuestas crudamente. Argentina carece de un Presidente que es, constitucionalmente, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, de un Jefe de Gabinete preocupado por esta área de la Administración Pública y de un ministerio -y un ministro- acorde con la sensibilidad que exige un sector que funciona con miles de profesionales; carece de un Estado Mayor Conjunto que rompa con la particularidad de las instituciones militares; de una institución militar cuyo accionar resulta sospechoso en cuanto al manejo del operativo y la información.

Lo que debe entenderse es que todo ello no se modificará en los próximos días porque el gobierno no pagará los platos rotos, porque la Armada no es del gobierno, porque no se sabe qué pasó, porque si fue un accidente, entonces “no hay culpables ni responsables”. Pero sí observaremos en los próximos meses intentos gubernamentales por modificar las cosas. Recordemos que estamos en tiempos de “reformas permanentes” y que las mismas no son solo de ajuste económico. El gobierno de Mauricio Macri intentará positivizar las críticas para hacer de la defensa algo sin soberanía, para alinearlo a ese mundo que “recibe el regreso de la Argentina con entusiasmo”, por lo que los organismos castrenses serán una empresa de seguridad o directamente desaparecerán como ha sucedido en países colonias o semi-colonias, y todo ello sin discusión sobre sus roles, pues ¿para qué sirven las instituciones militares en un mundo pacífico? ¿para que sirven en un país sin ánimo belicista, sin disputas territoriales con una potencia extra-continental, sin presencia en la Antártida, sin una búsqueda por la autonomía decisional frente a las potencias, sin recursos naturales que proteger?

No vaya a ser que cierto progresismo infantil apele a aquellas reservas entendibles y atendibles y que se termine por unir -debido a cierto miedo al síntoma y por la protección del tabú- a la reacción gobernante, acabando por anudar un nuevo consenso que haga que cualquier discusión sobre los submarinos deje de ser relevante, porque argumentarán que para que no haya víctimas no tiene que haber submarinos y porque la política, en verdad, nada tiene que ver con la defensa, nada tiene que ver con la soberanía.